Con esta actuación, el Ministerio Público busca promover un desarrollo sostenible, inclusivo y respetuoso de los derechos de los pueblos étnicos.
En el marco de un convenio para la prestación de servicios ambientales, la Procuraduría General de la Nación requirió información a la Gobernación de Guainía y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico, con el fin de confirmar que se garantizaron los derechos de los pueblos indígenas del Bajo Río Guainía
Se trata del Convenio Interadministrativo 1919 de 2024 suscrito con la entidad Masbosques relacionado con la implementación de esquemas de pago por servicios ambientales, frente al cual el ente de control solicitó la documentación legal, los detalles de su ejecución, mapas, coordenadas geográficas, relación de predios y el diagnóstico sobre la tenencia del territorio.
Asimismo, se requirió el listado de las comunidades indígenas involucradas, el procedimiento para su identificación y vinculación, así como detalles acerca de cómo se aseguró la neutralidad institucional y el respeto a los sistemas de gobierno propio, teniendo en cuenta que se trata de un contexto donde confluyen situaciones de conflicto de representatividad indígena.
Mediante esta actuación preventiva, el Ministerio Público busca promover un desarrollo sostenible que sea verdaderamente inclusivo, transparente y respetuoso de los derechos fundamentales de los pueblos étnicos, en especial los que tienen que ver con la autonomía y el consentimiento libre, previo e informado.
