JAIME VÉLEZ GUERRERO
El tráfico ilícito de drogas ha sido abordado históricamente desde una óptica que privilegia los intereses de la potencia que concentran la mayor demanda de estas sustancias, tal es el caso de los Estados Unidos de América. Lejos de asumir una responsabilidad proporcional en la reducción de su propio consumo y prevención de las adicciones, este país ha impuesto a las naciones cultivadoras de Cannabis sativa, Erythroxylum coca, amapola u opio, un mecanismo de control que opera más a modo de dominación gubernamental que de auténtica política de salud pública.
En realidad, la llamada “certificación” que Estados Unidos otorga cada año a Colombia consiste en evaluar si el país ha reducido la producción y exportación de drogas ilícitas, análisis que se convierte en un aparato de coerción diplomática y económica. Dicho proceder impositivo está directamente vinculado a la entrega de cientos de millones de dólares en asistencia financiera y cooperación militar, recursos que solo fluyen cuando el resultado es positivo y se ajusta a los parámetros definidos unilateralmente por Washington. Este esquema constituye una medida de presión extraterritorial que impone control sobre el ordenamiento interno, subordinándolo a intereses geopolíticos ajenos.
El desequilibrio es evidente: mientras se exige a los países productores demostrar avances en la erradicación de cultivos ilícitos y la interdicción, no existe un proceso inverso en el que las naciones con tradición agrícola de plantas psicoactivas puedan “certificar” a Estados Unidos por su incapacidad para reducir la corrupción institucional que, mediante actos comisivos u omisivos permite el ingreso de alijos ilegales.
Este doble rasero perpetúa una versión en la que la carga de la responsabilidad recae casi exclusivamente sobre los países productores, invisibilizando el papel central que juega la demanda interna de las potencias en la sostenibilidad del negocio ilícito. Así, el Plan de acción contra sustancias ilícitas deja de ser un esfuerzo multilateral equilibrado y se convierte en un dispositivo geopolítico que refuerza relaciones asimétricas de poder, manteniendo a las naciones productoras bajo constante supervisión y condicionamiento externo.
La relación entre Estados Unidos y Colombia en materia de tratado de extradición, convenios antidrogas y procedimiento de certificación no puede analizarse únicamente a partir de la óptica estadounidense, pues ello invisibiliza la realidad histórica y cultural de los Países que cultivan el vegetal milenario. Estas naciones poseen una idiosincrasia y un vínculo con la planta distinto al discurso prohibicionista impuesto desde el norte.
Bajo el pretexto de la vigilancia del narcotráfico, la estrategia antidrogas de Washington ha servido para traspasar arbitrariamente la línea fronteriza e instalar sistemas de espionaje. Este esquema no solo impone un modelo ajeno a las realidades locales, sino que configura un avasallamiento cultural que deslegitima visiones propias y criminaliza prácticas ancestrales.
En los hechos concretos, la llamada “colaboración” se convierte en un instrumento de presión capaz de desestabilizar gobiernos, al espiarlos en lo político, económico, militar y comunicacional bajo el velo de supuestas operaciones conjuntas contra el narcotráfico. Este esquema otorga a agencias extranjeras acceso privilegiado a información estratégica. A mi juicio, una verdadera asistencia mutua exigiría invertir masivamente en institutos de investigación científica que estudien a fondo las propiedades, componentes y utilización de las plantas, reduciendo así la dependencia de la siembra ilegal. Del mismo modo, sería imprescindible crear y financiar redes amplias de centros especializados en todas las Entidades Prestadoras de Salud (E.P.S.) para la atención integral de personas con drogodependencia. Sin un compromiso real con la ciencia, la prevención y la rehabilitación, cualquier discurso de colaboración seguirá operando como un manto de dominación sistemática.
