La crítica situación financiera de la empresa de energía Air-e, que presta servicio en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, llevó al Comité Intergremial del Atlántico y otras organizaciones regionales a presentar una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, con la que buscan obligar al Gobierno Nacional a intervenir financieramente en la compañía.
Según Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial, la empresa acumula deudas por 3,6 billones de pesos, de los cuales 2,4 billones corresponden a pagos pendientes con generadoras, incluyendo 1 billón a térmicas, lo que representa un riesgo inminente para la operación energética en la región Caribe y para el sistema eléctrico nacional.
“Las generadoras térmicas necesitan flujo de caja para comprar gas y combustibles. Si no se actúa, podríamos ver una crisis de suministro”, advirtió Cepeda.
El dirigente gremial denunció que, pese a la intervención estatal, no hay un plan claro de salvamento, y por eso más de una docena de entidades, incluidas las cámaras de comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, el Comité Intergremial del Magdalena y la ANDI, decidieron acudir a los tribunales.
Se busca un modelo sostenible para la energía en la región
Además de la acción judicial, los gremios trabajan en una propuesta técnica que estudia modelos alternativos de prestación del servicio, como la departamentalización, implementada con éxito en regiones como Medellín (EPM), Tolima y Valle del Cauca.
“No estamos casados con una sola opción. Nuestro objetivo es garantizar un modelo sostenible para todo el mercado de Air-e, que cubre tres departamentos”, explicó Cepeda Tarud.
Se espera que el Tribunal admita la acción en los próximos días y emita una decisión en un plazo de 20 días hábiles. Mientras tanto, la incertidumbre por el futuro del servicio de energía sigue creciendo en la región Caribe.
