Barranquilla enfrenta una nueva polémica por la inminente adjudicación de un contrato de 100.000 millones de pesos destinado al fortalecimiento de la red hospitalaria. Versiones señalan que detrás de la licitación estaría el controvertido contratista Emilio Tapia, condenado en el pasado por el carrusel de la contratación en Bogotá y vinculado al escándalo de Centros Poblados.
La denuncia fue realizada por Henry Anaya, presidente de la veeduría Bien Común, quien en su momento reveló las irregularidades del caso Centros Poblados. Según sus advertencias, Tapia tendría nexos con la empresa AZ Civil, integrante del consorcio Unión Temporal Caribe Médico, representado legalmente por Hugo Armando Canabal.
Un documento dirigido al alcalde Álex Char alerta que Tapia y sus presuntos aliados habrían asegurado la adjudicación del millonario contrato mediante un esquema similar al de Centros Poblados: conformar un consorcio con varias compañías para obtener la licitación y apropiarse de los recursos.
El consorcio está encabezado por Saisei Zomac SAS, que posee el 70 % de la participación. Su accionista, Gary Espitia, también ha sido mencionado en las investigaciones sobre las pólizas falsas en el caso Centros Poblados.
La situación vuelve a encender las alarmas sobre cómo la corrupción sigue permeando procesos de contratación pública en el país.
