En el día de hoy, 12 de septiembre, la ciudad volvió a ser escenario de un pulso decisivo entre la ley escrita y el poder que se resiste a cumplirla. Ante la Juez 16 Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla se insistió, una vez más, en la aplicación de los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, que regulan el trámite del desacato, para obligar a la ejecución de un fallo que ya no admite más excusas ni dilaciones.
El 27 de agosto de 2025, la justicia ordenó al alcalde distrital Alejandro Char Chaljub y a su secretaria de Hacienda, Emelith Barraza Barrios, cumplir con la sentencia laboral ejecutoriada desde 2019 a favor de Mery Consuegra, una mujer de 69 años que carga sobre sus hombros no solo el peso de la edad, sino la humillación de ver cómo se le niega el fruto de su trabajo. La deuda laboral sigue impaga. El mandato judicial, en silencio. La autoridad, en desobediencia.
El abogado Nicolás De la Cruz Picalúa, en representación de la afectada, exigió a la juez requerir de manera inmediata y perentoria al mandatario distrital y a su funcionaria de confianza para que, sin más evasivas, den cumplimiento cabal al fallo. Pidió además iniciar el incidente de desacato, con las sanciones de arresto y multa previstas en la ley, sanciones que —subrayó— deben ser pagadas con recursos propios de los infractores, no con dineros públicos.
La solicitud va más allá: compulsar copias a las autoridades disciplinarias y penales para que investiguen a los responsables del incumplimiento, y adoptar medidas directas que hagan realidad el restablecimiento de los derechos fundamentales de la señora Consuegra.
Porque el derecho fundamental a la tutela no puede ser papel mojado ni la Constitución un discurso vacío. La justicia no es un lujo retórico: es el muro que protege al débil frente al poderoso, la palabra que obliga al gobernante y la garantía de que los más vulnerables no sean sacrificados en el altar de la indiferencia oficial.
Hoy Barranquilla presencia un dilema que trasciende el caso de una mujer de tercera edad: o la autoridad judicial se impone con la fuerza de la ley, o se consagra la burla impune al orden constitucional.
Si la juez calla, la justicia fracasa. Si la justicia fracasa, la Constitución se derrumba. Y si la Constitución se derrumba, lo que queda es la ley del más fuerte.
