El Juzgado 25 Administrativo de Bogotá admitió la tutela presentada por la representante Lina María Garrido, quien reclama que la UNP no atendió su petición de dotarla con un chaleco antibalas como medida de protección.
El Juzgado 25 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá admitió una acción de tutela presentada por la representante a la Cámara por Arauca, Lina María Garrido, contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), alegando la violación de su derecho fundamental de petición.
La congresista asegura que la entidad no ha respondido a su solicitud de dotación de un chaleco antibalas, por lo que recurrió a la vía judicial para exigir garantías mínimas de seguridad.
“Tuve que TUTELAR para que la UNP me entregue un chaleco antibalas. La tutela fue admitida ayer. Si así es con un simple chaleco, imagínese una solicitud de vehículo”, expresó Garrido a través de su cuenta en la red social X, cuestionando la gestión del director de la entidad.
Quiero contarles algo DEGRADANTE para la democracia en #Colombia, en vista que la izquierda nos está asesinando: tuve que TUTELAR para que la @UNPColombia me entregue un chaleco antibalas. La tutela fue admitida ayer. Si así es con un simple chaleco, imagínese una solicitud de… pic.twitter.com/OwrQPPAZSw
— Lina Maria Garrido (@linamariagarri1) September 11, 2025
La representante fue más allá al acusar a la dirección de la UNP de priorizar la seguridad de “los bandidos” sobre la de los congresistas de oposición: “El director de la UNP está presto a garantizar la seguridad de los bandidos y a comprar ‘mulas’ a 9 millones, pero a la oposición nos responde: ‘tranquila, que no están matando congresistas’”, recordó, haciendo alusión a un pronunciamiento de noviembre de 2024.
El juzgado ordenó a la Unidad Nacional de Protección que dé respuesta a la acción en un plazo máximo de dos días, aportando pruebas y explicaciones sobre los hechos denunciados por la representante araucana.
Este nuevo choque entre la congresista y la entidad revive el debate sobre la asignación de medidas de seguridad para líderes políticos, en especial para quienes denuncian amenazas en zonas de alto riesgo como el departamento de Arauca.
Y.A.
