Jorge Lujan López
Colaborador
La ley 24-94 de 2025 prohíbe la publicación de encuestas sobre intención de voto, tres meses antes del inicio de la inscripción de candidatura en Colombia. Le comentaba a mis amigos, doctores Ruderico Trujillo, Gustavo Arrieta y Marimón, que esta va en contra de la democracia, para que los 50 millones de colombianos anden a ciegas, no solo de los residentes en nuestra patria, sino también los colombianos residentes en otros países.
Mientras se presentan candidaturas, alianzas y acuerdos, los colombianos que son los electores no tendrán acceso a esta información, lo cual es un desacierto que el Estado censure a quienes se han dedicado todo su tiempo a trabajar para informar a la ciudadanía. Cuando analizamos esta ley a primera vista aparece como un avance técnico para quienes miden la opinión pública. Sin embargo, se observa que lo que puede representar es un instrumento que niega el desarrollo a la información. Todo esto en general limita quien puede hacer mediciones, solo personas jurídicas con ciertos años de existencia.
Esta situación de práctica de censura son similares a lo que se realiza en Venezuela, Cuba y Nicaragua, Colombia parece ser parte de este club.
Manifestó el exdirector del Dane César Caballero: “es una ley Mordaza que restringe el derecho a la información de los ciudadanos”.
Aquí no se trata de mejorar la calidad a las encuestas, sino impedir que se conozca. Consideremos que ninguna democracia consolidada como tal en países como Estados Unidos, o en Europa Occidental, impone voto de 3 meses de censura. En el peor de los casos algunos de estos países limitan la publicación de sondeos en los días inmediatamente anteriores a los de la jornada de votación.
Aunque parezca mentira, no se trata de una iniciativa del Gobierno, sino de nuestros parlamentarios, impulsada por varios partidos. Es posible que quienes la promueven actúan bajo algún cálculo electoral de corto plazo.
Jamás se ha pensado que una democracia necesita menos información. Todo lo contrario, necesita cada día más. No es posible que se le niegue a la opinión pública, a sus electores, esta información, parece como si aquellos a quienes aspiran a ser candidatos no teniendo electores quieren engañar a la opinión pública.
Los ciudadanos no queremos ser protegidos de los datos, sino garantizar que estos sean accesibles y confiables.
Esta ley, aunque parezca con pretensiones de rigor técnico, impone censura, silencio sepulcral y peligros en momentos importantes de la contienda electoral, al ponerla en práctica debilita la transparencia y la deliberación publica, esto es: a los electores, a los ciudadanos y la opinión pública. El que no tengan acceso a esta información es algo dictatorial e inverosímil.
