El presidente Gustavo Petro plantea una ruta dual para impulsar una reforma constitucional: movilización ciudadana y renovación del Congreso con mayoría de izquierda.
La discusión política en Colombia entra en una nueva fase tras el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre su intención de reformar la Constitución en 2026. Ante la imposibilidad de avanzar en sus reformas sociales con el actual Congreso, el mandatario planteó una estrategia de doble vía para el próximo periodo presidencial: recolectar entre 12 y 16 millones de firmas que respalden la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente y alcanzar una mayoría parlamentaria de izquierda.
“Con este Congreso no se logran las reformas que beneficien al pueblo”, declaró el presidente, en una afirmación que marca una clara línea de ruptura con el Legislativo actual. La meta será, según él, conquistar al menos 55 curules en el Senado y 86 en la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de 2026.
La recolección de firmas en las calles sería el otro pilar del proyecto. Con esta movilización social, el Gobierno buscaría legitimar y sustentar la necesidad de una nueva Carta Política que permita, según el oficialismo, avanzar en reformas estructurales bloqueadas por los partidos tradicionales.
La propuesta genera reacciones divididas en el escenario político. Mientras sectores afines al Gobierno la ven como un camino legítimo para profundizar los cambios sociales prometidos desde la campaña, la oposición advierte riesgos para la estabilidad institucional y acusa a Petro de buscar mecanismos para perpetuar su proyecto político.
En el fondo, la pregunta de fondo vuelve a emerger: ¿una Constituyente es la solución o el inicio de una nueva crisis institucional? El debate apenas comienza, y 2026 ya se perfila como un año clave en la historia política del país.
