La justicia colombiana abrió un nuevo capítulo en el polémico caso del almirante (r) Gabriel Ernesto Arango Bacci, quien años atrás fue injustamente vinculado con redes de narcotráfico. Este miércoles, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al también almirante en retiro Guillermo Enrique Barrera Hurtado, acusado de haber participado en la construcción de un montaje que terminó con la detención de Arango en 2008.
De acuerdo con el ente investigador, Barrera habría entregado a las autoridades un informe fechado en 2007, que contenía información falsa y que fue utilizado como prueba dentro del proceso penal. Con base en ese documento, la Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema expidió una medida de aseguramiento contra Arango, a quien se le señalaron presuntos vínculos con organizaciones criminales.
El proceso, sin embargo, no prosperó. En diciembre de 2009, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió al oficial y ordenó su libertad, concluyendo que nunca existieron pruebas sólidas que justificaran la acusación.
Años más tarde, en 2020, el Consejo de Estado declaró que el Estado había vulnerado los derechos de Arango y condenó a la Nación a pagar más de 539 millones de pesos por los daños ocasionados a su buen nombre y por la privación injusta de su libertad.
Ahora, Barrera deberá responder por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, cargos que la Fiscalía sostiene cometió de manera consciente y deliberada. El caso revive uno de los episodios más controvertidos en la relación entre las Fuerzas Armadas y la justicia colombiana, y vuelve a poner en debate la necesidad de depurar responsabilidades en hechos que afectaron no solo la vida de un oficial, sino también la credibilidad institucional.
