Los padres de la menor desmintieron que su lucha esté motivada por una indemnización, mientras sus abogados y los del colegio sostienen posiciones encontradas en medio de un proceso que busca esclarecer responsabilidades.
El caso de Valeria Afanador, la niña que murió ahogada en el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, sigue rodeado de versiones cruzadas y profundas tensiones entre los representantes de la familia y los abogados del colegio.
En las últimas horas, los padres de la menor rechazaron con firmeza las declaraciones del abogado Francisco Bernate, defensor de la institución educativa, quien aseguró que existía una “millonaria póliza” para cubrir este tipo de incidentes. Para los familiares, esas afirmaciones resultan insensibles y malintencionadas, pues reducen la tragedia a un asunto económico.
“Nuestra hija no es una cifra, es una ausencia irreparable”, señalaron los padres, quienes recalcaron que su propósito es que haya verdad, justicia y garantías de no repetición.
Por su parte, el abogado de la familia, Julián Quintana, sostuvo una entrevista radial que “a la familia no le importa el dinero sino la responsabilidad de la rectora”. Explicó que las declaraciones de la defensa del colegio son “profundamente lamentables”, en un momento donde lo que más importa es la memoria y dignidad de la niña.
Quintana insistió en que la rectora y los profesores deben responder ante las autoridades por homicidio en modalidad de omisión, debido a las presuntas fallas de seguridad en la infraestructura del colegio. También recordó que aún falta esclarecer cómo ocurrió la muerte de Valeria, ya que se indaga si pudo haber intervención de un tercero.
En ese sentido, destacó que la Fiscalía avanza en análisis de laboratorio, revisa cámaras de seguridad, triangula celulares y estudia residuos biológicos para determinar si la menor fue llevada a otro lugar antes de ser hallada sin vida.
Del otro lado, Francisco Bernate afirmó que el colegio no ha ofrecido indemnizaciones ni busca desviar la atención: “Eso no quiere decir que nosotros estemos haciendo ofrecimientos, señalamientos, nada”. El abogado explicó que la póliza existe como parte de un protocolo institucional, pero que no implica que la familia haya sido presionada o condicionada.
“El colegio es el primero que quiere saber qué fue lo que pasó, si hubo un tercero, y ha aportado todas las evidencias posibles”, aseguró Bernate, reiterando que no hay responsabilidad de la directiva y que se han realizado las visitas pertinentes sin encontrar irregularidades.
Mientras las investigaciones avanzan, el país sigue atento a un caso que no solo expone posibles fallas de cuidado en un centro educativo, sino que también plantea un debate sobre la responsabilidad institucional, el valor de la verdad y el derecho a la justicia por encima de intereses económicos.
Y.A.
