La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el actual ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como agente interventor de la empresa Air-e S.A. E.S.P., intervenida por el Gobierno de Gustavo Petro entre octubre de 2024 y marzo de 2025.
La decisión se tomó luego de la publicación de un reportaje en la revista Cambio, fechado el 7 de septiembre de 2025, que reveló posibles sobrecostos millonarios en la compra de transformadores de energía, en un proceso adelantado bajo la dirección de Palma cuando encabezaba la compañía de distribución eléctrica.
El caso se centra en la adquisición de transformadores eléctricos de los modelos CONV. 1F 50 KVA y CONV. 1F 75 KVA 13.2 KV, adquiridos mediante las órdenes de compra 4825000051 y 4825000050, correspondientes a 2025.
De acuerdo con el reportaje, la estructura de tercerización de compras implementada en la gestión de Palma habría permitido que Air-e pagara precios superiores a los del mercado. Esta situación, sumada a un ambiente administrativo descrito como “caótico” y “fragmentado”, habría dificultado el seguimiento del uso de los recursos públicos y facilitado posibles irregularidades.
El artículo de Cambio sostiene que en ese desorden administrativo se habrían dado operaciones fraudulentas que incluyeron nepotismo, manipulación de cifras y pagos cuestionados. “En ese desorden administrativo, ambiente propicio para ocultar, los documentos se fragmentaron, se atomizaron y se traspapelaron, en un caos que puede ser simple ineficiencia, pero que también aviva las sospechas de un sistema corrupto”, señaló la publicación.
Indagación previa de la Procuraduría
La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, con ponencia del procurador Esquio Manuel Sánchez Herrera, ordenó la apertura de una indagación preliminar para determinar si los precios pactados se ajustan al mercado o si, por el contrario, existió un sobrecosto.
En caso de confirmarse la segunda hipótesis, el ente de control deberá establecer el porcentaje y el monto del posible perjuicio causado a la empresa intervenida.
Como parte de las diligencias, se ordenó la elaboración de un dictamen técnico por parte de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (Dnie), el cual deberá comparar los valores pagados por los transformadores con los precios habituales en el mercado.
Asimismo, la Procuraduría comisionó a Iván Gerardo Jácome Gutiérrez, funcionario de la Sala Disciplinaria de Instrucción, para la recolección de pruebas documentales y contractuales.
La determinación también incluye la notificación formal al ministro Edwin Palma y/o a su defensor sobre la apertura de la investigación. La entidad precisó que contra esta decisión no procede recurso alguno, por tratarse de una indagación preliminar.
Contexto: la intervención de Air-e
Air-e S.A. E.S.P., empresa encargada de la distribución y comercialización de energía en la región Caribe, fue intervenida por el Gobierno nacional en octubre de 2024 debido a una profunda crisis administrativa y financiera.
Durante el periodo de intervención investigado, Edwin Palma fue designado como director de la compañía. Posteriormente, en marzo de 2025, asumió el cargo de ministro de Minas y Energía.
El expediente disciplinario busca esclarecer si su gestión estuvo marcada por irregularidades en la contratación y el manejo de recursos, en particular en lo relacionado con la adquisición de transformadores y otros equipos esenciales para la operación del sistema eléctrico.
La Procuraduría reiteró que la apertura de esta indagación responde a la necesidad de verificar la posible comisión de conductas irregulares y aseguró que el caso se encuentra en una fase preliminar, en la que se revisarán con detalle los documentos y contratos relacionados con las compras bajo sospecha.
“La entidad reafirma su compromiso con la transparencia y con el control disciplinario sobre los servidores públicos responsables de la administración de recursos”, señaló la institución en un comunicado.
La defensa del ministro Palma
Ante el anuncio de la investigación, Edwin Palma reaccionó en su cuenta de X, donde minimizó la trascendencia de la medida y aseguró que forma parte de la vida pública y política en un país marcado por la polarización.
“Quien nunca ha tenido una indagación previa o no sabe cómo funciona un proceso de estos se escandaliza. Esto es apenas normal en una vida pública y política tan convulsa, polarizada y judicializada”, escribió el funcionario.
Palma recordó que a lo largo de su trayectoria ha enfrentado más de 30 procesos disciplinarios, algunos penales e incluso una detención. “Siempre he demostrado mi inocencia y he hecho uso de los recursos que me garantiza el ordenamiento jurídico”, afirmó.
El ministro también cuestionó que la noticia se conociera primero a través de los medios de comunicación y no mediante una notificación oficial. “Ya también es normal ese modus operandi: se fabrica una noticia, se convierte en investigación de oficio. Y suele suceder que cuando termina en archivo o absolución, ya nadie dice nada. El daño reputacional está hecho”, señaló.
Palma insistió en que las denuncias y procesos son parte cotidiana del servicio público en Colombia y advirtió que seguirá afrontando con firmeza cada señalamiento. “La presunción de inocencia no se destruye por una investigación y menos por un chisme”, concluyó.
Un proceso en desarrollo
La investigación contra el ministro de Minas se encuentra en su etapa inicial. De momento, la Procuraduría no ha establecido responsabilidades ni conclusiones definitivas.
El caso será clave no solo por la importancia del cargo que hoy ostenta Edwin Palma en el Gobierno Petro, sino también por las implicaciones que tendría para la credibilidad de las intervenciones estatales en empresas de servicios públicos, un mecanismo que se ha convertido en herramienta frecuente para enfrentar crisis en sectores estratégicos.
Por ahora, el proceso avanza en la recopilación de pruebas técnicas y documentales que permitan determinar si efectivamente hubo sobrecostos en las compras realizadas bajo la gestión de Palma, o si se trató de decisiones administrativas dentro de los márgenes de la legalidad.
Con información de PlayNoticias
