El organismo de control reveló inconsistencias en anticipos y facturación de la entidad, que comprometen su liquidez y ponen en riesgo la calidad del servicio a millones de usuarios.
La Contraloría General de la República encendió las alarmas frente a la crítica situación que enfrenta la Nueva EPS en materia administrativa y financiera. Tras una revisión detallada de información recolectada en el marco de una operación judicial, el organismo reveló irregularidades que comprometen la estabilidad de la entidad y amenazan la calidad del servicio para millones de usuarios en todo el país.
El informe, que cubre desde la vigencia de 2022 hasta el primer semestre de 2025, detalla un panorama preocupante. Según el ente de control, los anticipos pendientes por legalizar aumentaron de $3,4 billones en 2023 a $8,6 billones en 2024, lo que representa un crecimiento del 155%. Aún más grave resulta el dato del presente año: a junio de 2025, la cifra ya asciende a $15,27 billones, es decir, $6,6 billones adicionales en solo seis meses.
La Contraloría advierte que esta situación afecta directamente la liquidez institucional y eleva el riesgo de un detrimento patrimonial, especialmente por los anticipos superiores a dos años de antigüedad, que suman $143 mil millones.
Otro hallazgo crítico corresponde a las facturas pendientes por procesar. El reporte indica que existen más de 22,7 millones de registros acumulados por un valor de $22,1 billones. De ellos, 9,1 millones resultaron ser repetidos, por un monto de $8,9 billones. Al descontar los duplicados, aún quedan $13,2 billones en facturas que no han sido procesadas.
De este total, el 37,1% corresponde a 2024 y el 59,9% al primer semestre de 2025, lo que significa que el 97% de las obligaciones aún no han sido verificadas por la EPS. Esta falta de control genera inconsistencias contables y financieras, al no validarse aspectos esenciales como la pertinencia de los costos, el cumplimiento contractual ni la autenticidad de los soportes.
Además, la Contraloría detectó que 36 prestadores de salud concentran el 40% del valor total pendiente por procesar, equivalente a $5,2 billones, lo que representa un alto riesgo fiscal en caso de incumplimientos o litigios.
El informe se convierte en un nuevo campanazo de alerta sobre la crisis estructural del sistema de salud colombiano, donde la sostenibilidad financiera de las EPS continúa en entredicho y los usuarios enfrentan la incertidumbre de la prestación de servicios.
Y.A.
