Un convenio por más de 5 mil millones de pesos con una asociación desconocida desata críticas contra el alcalde Carlos Pinedo Cuello, acusado de repetir la práctica de contratos disfrazados para beneficiar a aliados políticos mientras la ciudad enfrenta abandono en proyectos sociales.
Por: Redacción.
DIARIO LA LIBERTAD.
La administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez, por un convenio que para muchos no es más que un contrato disfrazado, con un costo superior a los 5.699 millones de pesos, firmado con la Asociación de Municipios del Alto del Magdalena. El acuerdo, suscrito el 12 de agosto de 2025 bajo el número CI-001736-2025, promete un programa de “aprendizaje rápido” para estudiantes en apenas dos meses, pero las dudas sobre su viabilidad y transparencia crecen cada día.
El convenio establece que la Alcaldía aporta el dinero, mientras la asociación contribuye con su personal para ejecutar el plan. Sin embargo, especialistas en contratación pública y líderes comunitarios han cuestionado la pertinencia técnica de la propuesta y, sobre todo, la elección de una entidad con escasa trayectoria conocida en procesos educativos de gran escala. “Esto huele a un nuevo desvío de recursos para favorecer a los aliados del alcalde”, denunció el exgobernador Rafael Martínez, quien hizo pública su crítica en redes sociales.
No es la primera vez que Pinedo Cuello enfrenta este tipo de cuestionamientos. Según reportes de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el mandatario ya había firmado un polémico convenio de más de 12 mil millones con una entidad de Bucaramanga para organizar las Fiestas del Mar, evento que coincidió con los 500 años de la ciudad. La opacidad de estos procesos ha encendido las alarmas ciudadanas, que perciben un patrón de posibles irregularidades con la etiqueta de convenios interadministrativos.
Mientras se destinan miles de millones a acuerdos de dudoso beneficio, proyectos de alto impacto social como la Megabiblioteca de Santa Marta se encuentran abandonados. Esta obra, que ha beneficiado a más de 54 mil niños y jóvenes, representa una alternativa real para combatir la pobreza y abrir oportunidades educativas. Sin embargo, carece del respaldo económico que el actual gobierno parece reservar para iniciativas cuestionadas. “Los recursos que deberían servir para transformar la ciudad están siendo malgastados en convenios que apestan a corrupción desde lejos”, reiteró Martínez.
La situación cobra mayor gravedad si se mira el trasfondo político. Analistas advierten que Santa Marta ha caído nuevamente en manos de clanes ligados a estructuras criminales, conocidos como “narcoclanes”, y a figuras señaladas en investigaciones periodísticas como “Los jinetes de la coca”. Esto revive los peores recuerdos de la ciudad, cuando el clientelismo y el saqueo de los recursos públicos marcaron la agenda local.
La indignación popular no se hace esperar. Sectores ciudadanos y académicos cuestionan cuánto más deberán soportar los más pobres esta manera de gobernar. “Si seguimos a este ritmo, no van a dejar ni el nido de la perra”, advirtió Martínez con dureza. La frase refleja un sentimiento extendido: el de una ciudadanía cansada de ver cómo los recursos que deberían dignificar la vida de los más vulnerables se diluyen en convenios sospechosos.
El saqueo no se detiene, y lo más preocupante es que todavía quedan dos años por delante. A este ritmo, quienes hoy gobiernan, y quienes los apoyan, no van a dejar ni el nido de la perra.
Firman contratos que, desde lejos, apestan a corrupción: están diseñados para llenar los… pic.twitter.com/1rPhVvvTlk
— Rafael Martínez (@mrafael70) September 8, 2025
Publicación del exgobernador Rafael Martínez sobre el tema en X.
Ante este panorama, los llamados a las autoridades de control son urgentes. La Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación ya han sido alertados y se espera que actúen de oficio frente a las múltiples irregularidades expuestas. El Consejo de Estado, por su parte, tendrá que determinar si estos convenios cumplen los principios de la contratación pública o si se trata de una estrategia para burlar la ley.
La historia reciente de Santa Marta parece repetir un ciclo doloroso: contratos millonarios bajo sospecha, abandono de proyectos sociales y la sombra de viejos clanes políticos que resurgen con fuerza. La pregunta que se impone es ineludible: ¿Cuánto tiempo más tendrá que cargar la ciudad con el peso de estas presuntas irregularidades que la sumergen en un mar corrupción? El costo, como siempre, lo pagarán los más pobres.
Y.A.
