Una investigación reveló cómo contratistas, políticos y fondos mixtos se han beneficiado de un esquema que ha dejado en el limbo más de $133.000 millones en anticipos por obras inconclusas, financiadas con recursos de regalías destinados a la paz.
En Pueblo Rico, Risaralda, 18 familias aún esperan las viviendas que nunca llegaron. El contratista cobró $1.359 millones, construyó apenas cuatro casas mal hechas que terminaron demolidas y desapareció con el anticipo. El caso es apenas una muestra del desfalco que corroe al sistema de regalías, donde $133.000 millones ya fueron pagados por obras suspendidas que jamás se completaron.
La investigación de un reconocido medio de comunicación nacional evidencia cómo funciona este engranaje de corrupción que el país parece haber normalizado: entregar recursos por adelantado, cumplir a medias y luego justificarse con excusas como lluvias, derrumbes o amenazas de grupos armados. El resultado son contratos paralizados por años, mientras las comunidades continúan esperando hospitales, escuelas y viviendas que nunca se materializan.
En el centro del esquema aparecen los fondos mixtos, entidades privadas que administran dinero público con manuales propios que les permiten adjudicar contratos “a dedo”. Así, casi $3 billones de pesos de las regalías terminaron en sus manos, según denunció el abogado Iván Unigarro, quien calificó la práctica como “una maniobra abiertamente ilegal para obviar la aplicación del estatuto general de contratación”.
Uno de los defensores del modelo, Esteban José Cleves, presidente del Fondo Mixto Sierra Nevada, argumenta que no hay ilegalidad porque no existen procesos judiciales abiertos en su contra: “Si fuera ilegal, tendríamos muchos procesos judiciales abiertos, pero no los tenemos”. Una lógica que retrata la cultura de la impunidad en torno al desfalco.
El libreto está repartido entre varios actores:
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Los fondos mixtos, que se presentan como promotores culturales, pero en realidad operan como “contrataderos” privados.
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Los contratistas fantasma, como Inprosos S.A.S., que cobraron millones por viviendas inexistentes.
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Los políticos intermediarios, entre ellos el representante Wadith Manzur, señalado de presionar al Gobierno para direccionar recursos.
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Los funcionarios cómplices, como el exconsejero presidencial Emilio Archila, cuya firma aparece en contratos ahora bajo investigación.
El trasfondo resulta aún más grave: los recursos desviados estaban destinados a implementar el Acuerdo de Paz, con el fin de llevar desarrollo a regiones golpeadas por la violencia. En lugar de ello, alimentaron una maquinaria de corrupción que opera con la misma precisión de siempre.
Actualmente, hay 38 contratos suspendidos con anticipos cobrados por más de $133.000 millones. Muchos llevan hasta tres años detenidos, pese a que en su planeación inicial no superaban los 12 meses. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha identificado proyectos problemáticos y abierto procesos administrativos, pero los recursos ya están en bolsillos privados.
El impacto de este sistema es devastador: hospitales sin inaugurar, escuelas a medio construir, vías interrumpidas y familias sin techo. Cada peso perdido significa oportunidades de desarrollo frustradas.
En últimas, la corrupción en torno a las regalías no es un error del sistema, sino parte de su diseño. Como concluye la investigación, se trata de un país que se acostumbró a perder, donde el político que roba con promesas recibe más votos que el que cumple en silencio.
El desafío ahora es romper la resignación ciudadana. Porque mientras persista la idea de que “todos roban pero este me ayuda”, los contratistas seguirán cobrando anticipos por obras fantasmas y las comunidades más vulnerables seguirán cargando con los costos de un saqueo institucionalizado.
