El procurador general, Gregorio Eljach, expidió una directiva que marca los límites para los funcionarios públicos en la participación política de cara a las elecciones de 2026.
“En la directiva están todas las conductas en que no se debe incurrir, porque si se transgrede esa prohibición o advertencia, se cae en malas conductas y debe ser sancionable con la máxima sanción que se establece en el Código Disciplinario, que es la destitución e inhabilidad”, dijo Eljach en el Congreso.
Las restricciones.
Usar el cargo para actividades políticas o controversias.
Acosar o presionar a subalternos para apoyar campañas políticas.
Usar bienes o recursos públicos para hacer proselitismo.
Usar información reservada para actividades políticas.
Incumplir sus deberes constitucionales con el pretexto de participar en política.
Usar tiempo laboral para gestiones partidistas.
Realizar contribuciones a campañas, financiar partidos o movimientos políticos. Excepto miembros de corporaciones públicas.
Difundir propaganda electoral a favor o en contra de candidatos, partidos y movimientos.
Intervenir en controversias políticas por ningún medio.
Ofrecer beneficios para influir en el voto.
Usar inmuebles o bienes públicos en actividades políticas.
Destinar recursos públicos a proselitismo, salvo los del Fondo Nacional de Financiación Política.
