Ya son ocho partidos políticos los que han perdido su personería jurídica por fallos del Consejo de Estado, en un escenario donde las campañas preelectorales avanzan y las colectividades buscan nuevas estrategias para sobrevivir.
El tablero político colombiano ha entrado en una fase de reacomodo acelerado. Esta semana, el Consejo de Estado volvió a mover las fichas al dejar sin personería jurídica al partido Gente en Movimiento, liderado por el exministro y precandidato presidencial Mauricio Lizcano. Con esta decisión ya suman ocho partidos que han sido despojados de ese reconocimiento en lo corrido del año preelectoral, un escenario que está reconfigurando las estrategias de líderes políticos tanto en la izquierda como en la derecha.
El fallo contra la colectividad de Lizcano se sustentó en que el movimiento no cumplía con los requisitos establecidos bajo la sentencia SU-257 de 2021 de la Corte Constitucional, que fue la misma base legal para el reconocimiento del Nuevo Liberalismo y Dignidad Liberal. El alto tribunal determinó que no existía la trayectoria política suficiente para justificar la personería, ya que el dirigente había participado en elecciones anteriores bajo otros partidos.
La respuesta de Lizcano no se hizo esperar. En un mensaje en redes sociales anunció la interposición de una tutela ante la Corte Constitucional, aunque dejó claro que su aspiración presidencial no se verá afectada. “Seguiremos luchando porque los movimientos no son logos, son personas”, afirmó, señalando que su campaña continuará a través de la recolección de firmas.
Un efecto dominó que afecta a diferentes orillas políticas
El caso de Gente en Movimiento no es aislado. Semanas antes, el movimiento Soy Porque Somos, de la actual vicepresidenta Francia Márquez, sufrió un revés similar. El Consejo de Estado concluyó que la colectividad fue inscrita de manera irregular, ya que sus candidatas, incluida Márquez, participaron por el Polo Democrático Alternativo, lo que desvirtuó la justificación para otorgar la personería.
La lista continúa con partidos de distintas corrientes ideológicas. Desde la izquierda, también han perdido su estatus Fuerza Ciudadana del exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, Todos Somos Colombia de la senadora Clara López e Independientes, liderado por el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Pese a estos tropiezos, los tres dirigentes mantienen su proyección electoral: Quintero participará en la consulta del Pacto Histórico, López se alinea con Unitarios y Caicedo aún evalúa su estrategia.
En la orilla opuesta, la derecha tampoco se ha librado de estos golpes judiciales. Movimientos como Creemos, del actual alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, y la Nueva Fuerza Democrática, del expresidente Andrés Pastrana, fueron igualmente despojados de su reconocimiento legal, obligándolos a explorar nuevas alianzas o alternativas para continuar en el escenario político.
El panorama electoral ante 2026
La pérdida de personerías jurídicas no implica necesariamente el fin de la participación política, pero sí representa un golpe en términos de financiación, acceso a medios de comunicación y posibilidad de coaliciones. Sin ese reconocimiento, los movimientos quedan obligados a recurrir a comités de firmas o a integrarse en partidos ya existentes, un mecanismo que puede debilitar su identidad política.
En contraste, mientras unas colectividades se desmoronan, otras emergen. En la misma semana en que se tumbó la personería de Gente en Movimiento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avaló la escisión de Mais y la creación de Progresistas, un nuevo partido en el que figura la senadora y precandidata presidencial María José Pizarro. Sin embargo, esta colectividad todavía enfrenta revisiones que podrían poner en duda su permanencia.
A ello se suma una expectativa clave para el futuro de la izquierda: la decisión pendiente sobre la posible fusión del Pacto Histórico en un solo partido. De materializarse, organizaciones como Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático y el Partido Comunista cederían sus personerías para consolidar un frente único, con el objetivo de replicar la victoria presidencial obtenida en 2022.
Una democracia en reconfiguración constante
El impacto de estas decisiones judiciales abre un debate sobre la estabilidad y la representatividad del sistema de partidos en Colombia. La aplicación estricta de los criterios legales del Consejo de Estado responde a la necesidad de ordenar el panorama político, pero también genera la percepción de que el marco normativo no logra responder a la realidad de los movimientos sociales y a la dinámica de la participación ciudadana.
Mientras tanto, líderes como Lizcano, Márquez, Quintero o Gutiérrez intentan demostrar que sus proyectos políticos trascienden los logos y sobreviven a las sentencias judiciales. El camino hacia 2026 se perfila como una carrera marcada no solo por la disputa electoral, sino también por la capacidad de adaptación de los actores políticos ante un entorno jurídico cada vez más exigente.
Y.A.
