La Jurisdicción Especial para la Paz cerró un proceso contra el exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien celebró el fallo como un precedente histórico frente a la persecución política en Colombia.
La reciente decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) marcó un nuevo capítulo en la vida política de Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena y líder del movimiento Fuerza Ciudadana. El fallo cerró un proceso en su contra y reconoció que durante más de dos décadas fue objeto de una estrategia de aniquilamiento político, lo que él mismo calificó como un acto de violencia política ejercida desde sectores tradicionales que buscaban frenar su liderazgo.
Tras conocerse la noticia, la gobernadora encargada del Magdalena, Ingris Padilla, expresó en su cuenta de X que la decisión ratifica la coherencia y compromiso social de Caicedo. “Prevalece con fuerza el legado de transformación de Carlos Caicedo, un hombre que, con liderazgo, carácter y convicción, nos ha enseñado a luchar por las causas sociales y justas, siempre desde el ejemplo y la coherencia. Hoy, la JEP reconoce su integridad y respalda su buen nombre, reafirmando lo que el pueblo ya sabía: que su compromiso ha sido siempre con la verdad, la justicia y los derechos de todos”, escribió la mandataria.
Prevalece con fuerza el legado de transformación de @carlosecaicedo , un hombre que, con liderazgo, carácter y convicción, nos ha enseñado a luchar por las causas sociales y justas, siempre desde el ejemplo y la coherencia. Hoy, la JEP reconoce su integridad y respalda su buen… https://t.co/ro4FYbLKGM
— Ingris Padilla García (@padillaingris) September 6, 2025
En su mensaje, Padilla también destacó que las huellas de cambio impulsadas por Caicedo son “imborrables” y que la ciudadanía mantiene vivo el respaldo a sus banderas de transformación. “El pueblo no olvida, no se rinde y sigue adelante. Si ya hemos visto todo lo que puede lograrse bajo su liderazgo, tenemos la certeza de que lo que viene será aún mejor”, agregó.
Por su parte, el propio Caicedo reaccionó con un extenso pronunciamiento en sus redes sociales. Recordó que durante más de 20 años enfrentó acusaciones infundadas que, según él, buscaban desgastarlo y neutralizar su proyecto político alternativo. “Me persiguieron desde los mismos poderes que se sentían amenazados por un liderazgo que no se arrodilló ante ellos. Me acusaron sin pruebas, me difamaron en medios, me vincularon a crímenes que nunca cometí”, señaló.
Caicedo subrayó que el fallo de la JEP va más allá de su caso personal, al considerar que sienta un precedente frente al uso indebido del sistema judicial y de los medios de comunicación para deslegitimar a quienes representan una opción distinta al poder tradicional. “Este no es solo un triunfo personal. Es una advertencia a quienes usan el sistema judicial y los medios para silenciar a quienes piensan distinto. No podrán borrar lo que hemos construido. Ni podrán frenar lo que viene”, enfatizó.
Durante más de 20 años fui víctima de una estrategia de aniquilamiento político. Me persiguieron desde los mismos poderes que se sentían amenazados por un liderazgo que no se arrodilló ante ellos. Me acusaron sin pruebas, me difamaron en medios, me vincularon a crímenes que nunca… pic.twitter.com/qc2XuxEVXR
— Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) September 6, 2025
El exgobernador cerró su declaración con un mensaje de continuidad y lucha política: “Seguimos. Con más fuerza y con la verdad de nuestro lado”.
La reacción de Ingris Padilla y el tono combativo de Caicedo reflejan cómo este fallo judicial puede tener un fuerte impacto en el panorama político del Magdalena y en la narrativa nacional sobre la persecución a liderazgos alternativos. Para sus seguidores, la decisión ratifica la legitimidad de un proyecto que se ha enfrentado a la élite tradicional; para sus detractores, abre un debate sobre el alcance político de los fallos judiciales.
Lo cierto es que la JEP, al reconocer la existencia de campañas de desprestigio como una forma de violencia política, abre un nuevo espacio de reflexión sobre los mecanismos usados históricamente para limitar la participación de actores que retan las estructuras de poder en Colombia.
Y.A.
