La CREG autorizó un esquema de contratación que permitirá a la empresa Air-e adquirir excedentes hidroeléctricos y solares a precios justos, con el fin de reducir la exposición a la bolsa y aliviar las finanzas del sector eléctrico.
El Gobierno nacional anunció este viernes nuevas medidas regulatorias que buscan garantizar mayor estabilidad en las tarifas de energía que pagan los usuarios de la empresa Air-e, principal prestadora del servicio en varios departamentos de la Costa Caribe.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) aprobó un esquema de contratación diferencial, diseñado para beneficiar a empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como es el caso de Air-e.
De acuerdo con la resolución, las compañías podrán contratar de manera directa los excedentes de energía provenientes de plantas hidroeléctricas y de proyectos de energías renovables, como la solar, lo que permitirá trasladar un precio más justo a los usuarios.
Este mecanismo busca que cada kilovatio adicional de generación limpia se destine a hogares, comercios y pequeñas industrias de la región, reduciendo la dependencia de la bolsa de energía y la exposición a su volatilidad, factor que en los últimos meses ha encarecido las facturas de los consumidores.
Reacciones en el sector eléctrico
Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG, celebró la medida al considerar que ofrece un respiro frente a la delicada situación financiera de Air-e:
“Esto le permite a Air-e un esquema flexible de contratación bilateral con algunas modificaciones regulatorias que le van a permitir subir su nivel de contratación del 35% que está a partir de enero a niveles del 80-85%, que nos den tranquilidad a todos los agentes del país, a todos los agentes del sector eléctrico, pues igualmente los generadores térmicos, de que esa deuda no va a seguir creciendo”, explicó Castañeda.
El dirigente gremial advirtió que, de no aplicarse este esquema, las deudas de la empresa podrían crecer a un ritmo de “200-300 mil millones de pesos”, con el riesgo de un eventual apagón del 35% en la región Caribe.
Por su parte, Norman Alarcón, vocero de la Liga Nacional de Usuarios en el Caribe, mostró reservas frente al anuncio al señalar que la normativa aún carece de claridad:
“La demanda eléctrica del país supera la oferta, por lo que hablar de excedentes resulta incierto”, aseguró.
Finalmente, la medida deberá ser evaluada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para determinar posibles afectaciones a la libre competencia en el mercado energético.
Con esta decisión, el Gobierno busca mitigar la presión financiera sobre Air-e y responder a las constantes reclamaciones de los usuarios de la Costa Caribe, quienes en los últimos meses han expresado su inconformidad por el incremento de sus facturas.
Y.A.
