Cada vez que aparece un informe en torno al mal funcionamiento de algunas administraciones municipales, la ciudadanía no deja de pensar que algo está resultando mal en el mecanismo de la elección popular de alcaldes.
El plan de gobierno que obligatoriamente debe registrarse en el acto de inscripción como candidato, se convierte en “letra muerta” porque no existe un procedimiento de confrontación de su cumplimiento, ni durante su gobierno ni al final de este.
Cuando ya han transcurrido tantos años del ejercicio democrático de la elección popular de alcaldes se deberían estar produciendo gobiernos transparentes y positivos para la comunidad, no que den muestras de su incapacidad para manejar los destinos de sus municipalidades, como ocurre en la mayoría de municipios, cuyo alto porcentaje de su población padece de las más elementales necesidades básicas insatisfechas.
En todos estos años nos han mostrado: o que la mayoría de los alcaldes municipales no tienen preparación para ejercer el cargo, o que son unos corruptos e inescrupulosos y especializados en el ‘tape tape’ de los entuertos de su antecesor, por aquello de que pertenecen al mismo grupo político.
Las cifras de alcaldes encartados con la justicia en Colombia son contundentes; en cada cuatrienio, más del cincuenta por ciento de alcaldes han tenido que responder ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, por sus actos ilegales, muchos de ellos han cometido errores inducidos por sus más inmediatos colaboradores, que hacen parte de los mandos medios y por eso se les denuncia, pero otros han actuado por su propia iniciativa y con dolo.
Lo malo de los electores es que repiten sus equivocaciones el día de las elecciones, porque no existe un procedimiento que obligue a los alcaldes a la entrega de un balance que permita establecer en qué invirtieron los dineros aportados por los contribuyentes.
En LA LIBERTAD seguimos considerando que el mecanismo más apropiado es que los alcaldes municipales presenten los correspondientes balances, para que así exista claridad en la ciudadanía respecto a la manera cómo han invertido los dineros aportados por los contribuyentes durante lo que va de sus mandatos y al tiempo que se disipen las dudas y sospechas sobre la irregularidad en el manejo de los recursos públicos.
