La Procuraduría General de la Nación lanzó un llamado urgente al Ministerio de Ambiente y a las autoridades locales para que actúen frente a la emergencia ambiental que enfrenta la Ciénaga Grande de Santa Marta debido a la expansión de la planta invasora conocida como ‘Cola de Caballo’.
La presencia de esta especie ha deteriorado la actividad pesquera y amenaza cerca de 700 hectáreas de manglares en los pueblos palafitos de Nueva Venecia, Buenavista y Trojas de Cataca, donde las comunidades dependen directamente de este ecosistema para su subsistencia.
Durante una mesa interinstitucional, el ente de control recordó que existe un Comité de Coordinación creado en 2016 mediante la Resolución 1300, encargado de garantizar los compromisos asumidos en la Convención Ramsar. No obstante, el plan de manejo que debía implementarse desde hace más de veinte años continúa sin ejecutarse, lo que agrava la situación ambiental.
La Procuraduría solicitó además ser parte de la mesa técnica que se realizará el 17 de septiembre, con el propósito de acompañar a las comunidades en la defensa de sus derechos.
Aunque Corpamag anunció en agosto una estrategia de control para eliminar especies invasoras en la zona, los pescadores aseguran que la respuesta institucional no ha sido suficiente. De hecho, la falta de soluciones concretas llevó a los habitantes de los pueblos palafitos a bloquear recientemente la vía Ciénaga–Barranquilla en busca de la atención del Estado.
