El órgano de control reveló que miles de millones destinados a la atención médica fueron desviados por EPS hacia gastos administrativos, indemnizaciones y hasta paraísos fiscales, confirmando la corrupción estructural que carcome al sistema de salud colombiano.
La Procuraduría General de la Nación ha dejado en claro lo que los colombianos vienen denunciando desde hace décadas: el sistema de salud no funciona como garante de derechos, sino como una maquinaria de saqueo perfectamente legalizada. Según el ente de control, las EPS han hecho de la intermediación financiera su negocio más rentable, desviando recursos públicos que deberían salvar vidas hacia gastos sin justificación, planes administrativos y cuentas en paraísos fiscales.
El caso más reciente involucra a José Homero Cadena Bacca, expresidente de EMSSANAR EPS, quien habría omitido gestionar el pago de $998.716 millones en deudas. Esa suma, que equivale a la construcción de al menos 20 hospitales de segundo nivel, permaneció en mora entre 60 y 360 días, afectando directamente la atención de miles de pacientes.
Pero EMSSANAR no es la excepción. La Nueva EPS desvió más de $1.000 millones hacia un supuesto “Plan Semilla”, mientras que Mallamas registró el uso de $73 millones en indemnizaciones laborales. José Fernando Cardona Uribe, expresidente de la Nueva EPS, incluso justificó ese desvío bajo la categoría de “gasto administrativo”.
El patrón se repite: los recursos de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), que la ADRES gira para cubrir servicios de salud, terminan siendo utilizados en fines distintos a la atención médica. Según el informe de la Procuraduría, estos dineros fueron “redirigidos a pagos sin soporte o justificación, algunos incluso con destino a paraísos fiscales”.
Mientras tanto, los pacientes continúan sufriendo las consecuencias. Cada peso desviado representa una cirugía negada, un tratamiento interrumpido o un medicamento que nunca llegó. Como advierte el informe, el sistema no es víctima de “manzanas podridas”: está diseñado para que este saqueo ocurra con normalidad, amparado en vacíos legales y controles tardíos.
Las cifras son demoledoras: EMSSANAR con casi un billón de pesos en mora, Nueva EPS con más de mil millones desviados, Mallamas con 73 millones perdidos y SOS y Asmet Salud también bajo la lupa. Todo esto ocurre mientras la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía actúan cuando el daño ya está hecho, y los pacientes han muerto esperando atención.
El informe no solo destapa corrupción, sino una verdad más incómoda: el sistema de salud colombiano funciona tal y como fue diseñado, beneficiando a quienes administran y desvían los recursos. Como lo resume con ironía el propio ente de control, “los recursos fueron girados, pero no ejecutados en los servicios contractuales”.
Al final, la Procuraduría confirma lo que los colombianos ya sabían y vivían en carne propia: el derecho a la salud se ha convertido en un negocio que capitaliza el sufrimiento, normaliza el robo y condena a millones de ciudadanos a morir en listas de espera, mientras sus recursos públicos hacen turismo financiero en el extranjero.
Y.A.
