Aunque se descartaron cambios en ministerios como Trabajo, Comercio y TIC, la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional provocaría un reacomodo en entidades como el ICBF, el Sena y la Agencia Nacional de Tierras, donde quedarían en riesgo fichas de la Alianza Verde y otros sectores políticos.
El reciente nombramiento de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional no solo dejó huella en el Congreso, sino que también empieza a mover fichas dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Aunque inicialmente se especuló sobre la salida de los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino; de Comercio, Diana Morales; y de TIC, Julián Molina, fuentes confirmaron a un medio de comunicación nacional que estos cambios no se producirán. Según se explicó, un relevo en estas carteras implicaría desequilibrar la representación de los distintos partidos políticos dentro del gabinete, algo con lo que el mandatario no estaría de acuerdo.
El verdadero remezón se daría en entidades estratégicas como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), la Agencia Nacional de Tierras, el Sena y la Fiduprevisora, donde se prevén salidas de directivos cercanos a la Alianza Verde y a legisladores que apoyaron la elección de Camargo.
En el interior de la Alianza Verde, la decisión del Senado de elegir a Camargo ha generado divisiones y tensiones. Incluso, en medio de las especulaciones, se habló de una eventual salida de Antonio Sanguino del Ministerio de Trabajo, aunque esa posibilidad quedó desestimada.
La movida política refleja cómo la elección de un magistrado de la Corte Constitucional puede tener repercusiones directas en la estructura del Ejecutivo, afectando a funcionarios de confianza en áreas clave para la agenda gubernamental.
Con este panorama, el gobierno Petro se prepara para ajustes que, aunque no alcanzan el nivel ministerial, sí reconfigurarán el poder en instituciones fundamentales para la implementación de programas sociales, educativos y de tierras, en medio de un clima de creciente disputa entre aliados políticos.
Y.A.
