La reciente designación de Juliana Guerrero como vice Ministra de Juventud ha generado controversia, no por su agenda política ni por su hoja de vida profesional, sino por una omisión académica que ha salido a la luz y que cuestiona los controles internos de la Fundación de Educación Superior San José, institución que le otorgó su título universitario sin que hubiera presentado las pruebas obligatorias Saber Pro o TyT.
La universidad reconoció el error. En palabras de su representante legal, Francisco Pareja, la situación se trató de una “equivocación administrativa” que pasó desapercibida debido al volumen de graduandos y a las fallas en los filtros de revisión documental.
«Nosotros tenemos en Bogotá unos grados muy grandes… entre tanto graduando pudo haber ocurrido que no se verificó si esa señora había presentado o no las pruebas», admitió Pareja.
La situación ha prendido las alarmas no solo en el ámbito educativo, sino también en el político. Las pruebas Saber Pro y TyT, exigidas por el Ministerio de Educación como requisito obligatorio para la obtención de títulos profesionales o tecnológicos, no son un simple trámite: son un mecanismo de evaluación de calidad y un filtro que garantiza estándares mínimos para los nuevos profesionales del país.
En el caso de Guerrero, la Fundación explica que cursó sus estudios entre enero de 2024 y junio de 2025, completando cuatro periodos académicos tras homologar materias provenientes del SENA y de la Universidad del César. Según Pareja, eso equivalía prácticamente a un tecnólogo, por lo que su paso por San José fue “la etapa final para profesionalizarse”.
Ahora, la Fundación convocará una asamblea extraordinaria de su junta directiva la próxima semana, con el objetivo de revisar a fondo el caso y determinar responsabilidades internas. No obstante, el incidente deja abierta una pregunta crucial: ¿cuántos casos similares pueden estar pasando inadvertidos en instituciones que, como San José, tienen procesos masivos de titulación?
Mientras tanto, el Ministerio de Educación aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso, y la vicepresidenta Guerrero tampoco ha emitido una declaración pública.
Más allá de una simple omisión, el hecho plantea un debate sobre los mecanismos de control en el sistema de educación superior, el rigor en la verificación de requisitos académicos y la responsabilidad institucional cuando estos procedimientos fallan.
