La Cámara Colombiana de Energía considera positiva la propuesta del Gobierno de crear una empresa pública para atender el servicio eléctrico en la región Caribe, mientras la Liga de Usuarios alerta sobre el deterioro del servicio y el incremento de las deudas de Air-e.
La crisis de Air-e, empresa encargada de la distribución y comercialización de energía en buena parte de la región Caribe, sigue generando debate sobre la viabilidad de su operación. Ante este panorama, la Cámara Colombiana de Energía (CCE) manifestó que sería “positivo” que el Gobierno Nacional considere la creación de una empresa pública para asumir el servicio eléctrico.
En un comunicado oficial, el gremio señaló que “solucionar los problemas estructurales en la prestación del servicio de energía en la región Caribe es uno de los retos fundamentales del Estado colombiano”. Recordó que por décadas la población ha enfrentado altos niveles de interrupción, pérdidas técnicas y financieras, bajo recaudo y tarifas elevadas que afectan a hogares, comercios e industrias.
La CCE advirtió que la delicada situación financiera de Air-e impacta no solo a los usuarios, sino también a proveedores y contratistas que sostienen la operación diaria del sistema. “Si la solución requiere participación directa del Estado a través de una empresa pública, el gremio la considera positiva, dado que este es un problema estructural que exige una salida pronta”, indicó.
El gremio hizo un llamado a abrir un diálogo directo con el Gobierno Nacional para buscar salidas a las deudas acumuladas, tanto previas como posteriores a la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos, con el fin de estabilizar la compañía y garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico regional.
Sin embargo, no todos coinciden con esa visión. Para Norman Alarcón, vocero de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos, la propuesta del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, de que Geselca asuma la operación, debe analizarse con cautela. Según el dirigente, a casi un año de la intervención ordenada por el Gobierno de Gustavo Petro, “el servicio ha empeorado y las deudas de Air-e han aumentado”.
Alarcón recordó que la Liga de Usuarios había advertido la necesidad de estabilizar la empresa antes de tomar nuevas medidas, pero considera que ha ocurrido lo contrario: un deterioro del servicio eléctrico y mayores pasivos. “El Gobierno debe atender las deudas de Air-e, estabilizar la empresa, garantizar el debido proceso en las reclamaciones de los usuarios y abrir un espacio de concertación regional para superar la crisis histórica del sector”, puntualizó.
Con posiciones encontradas entre gremios y usuarios, el futuro de la prestación del servicio eléctrico en el Caribe sigue siendo incierto, mientras el Gobierno define si la salida está en reforzar la intervención o en dar paso a una nueva empresa pública.
Y.A.
