El partido Cambio Radical denunció a la senadora Ana María Castañeda ante la Corte Suprema de Justicia por presuntos delitos relacionados con su voto en la elección del magistrado de la Corte Constitucional, pese a tener suspendidos sus derechos políticos por decisión del CNE.
El partido Cambio Radical radicó una denuncia formal contra la senadora Ana María Castañeda, actual vicepresidenta segunda del Senado, por haber participado en la votación para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional, proceso que culminó con la elección de Carlos Camargo.
La denuncia fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia e incluye los presuntos delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y fraude procesal.
De acuerdo con el partido, la congresista desconoció la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), que había ratificado el mismo 3 de septiembre la suspensión de sus derechos políticos, lo que le impedía tener voz y voto en la plenaria del Senado.
“La acción judicial se fundamenta en que la senadora participó con voz y voto en la plenaria del Senado del 3 de septiembre de 2025, en la cual se eligió a un magistrado de la Corte Constitucional, desconociendo la decisión del CNE que había dejado sin efectos el auto del 1 de septiembre de 2025”, señaló Cambio Radical en un comunicado.
El trasfondo de la controversia se remonta al 2 de septiembre, cuando el CNE había levantado de manera cautelar la suspensión de Temístocles Ortega y Ana María Castañeda, investigados por presuntamente favorecer políticas del Gobierno de Gustavo Petro, a pesar de pertenecer a un partido de oposición. Sin embargo, ese mismo día la autoridad electoral volvió a confirmar la suspensión de Castañeda, quien de todas formas participó en la votación.
Desde Cambio Radical aseguran que la intención de la senadora era favorecer a María Patricia Balanta, la candidata que contaba con el respaldo del Ejecutivo. Finalmente, la elección recayó en Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo.
El caso abre un nuevo capítulo de tensión política entre el Gobierno Petro y los partidos de oposición, en un Senado donde cada voto puede resultar determinante en decisiones de alto impacto institucional.
Y.A.
