La Procuraduría General de la Nación requirió al Ministerio de Salud y Protección Social dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Corte Constitucional, que ordenan el reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Este monto corresponde al valor que el Estado reconoce a las EPS por cada afiliado al sistema.
Durante la más reciente mesa de trabajo sobre este tema, el ente de control verificó el avance en la aplicación de la sentencia T-760, en la que la Corte declaró insuficiente el valor de la UPC para 2024, al no garantizar la cobertura de las necesidades en salud de los usuarios. El alto tribunal también dispuso corregir el rezago acumulado desde 2021 en la financiación de los servicios incluidos en el Plan Obligatorio de Salud.
La Procuraduría enfatizó que las medidas para superar este déficit deben adoptarse con base en consensos técnicos y con la participación de los actores del sector, respetando al mismo tiempo la autoridad del Ministerio de Salud.
Finalmente, la Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social subrayó que las decisiones de la Corte tienen carácter de cosa juzgada y no pueden ser objeto de discusión, por lo que instó a cumplir de manera estricta los plazos y lineamientos fijados por el alto tribunal.
