El Gobierno Nacional con Gustavo Petro a la cabeza decidió radicar ante el Congreso de la República un proyecto de reforma tributaria; iniciativa mediante la cual aspira darle la bicoca de 26,3 billones de pesos adicionales al Presupuesto General de la Nación para el venidero año 2026, lo cual equivale al 1,5% del PIB, según lo pregona el actual Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En el texto del proyecto se incluyen ajustes al sistema tributario nacional, tales como modificaciones al impuesto de renta, el cobro del IVA y del patrimonio; así como incentivos tributarios para proyectos de energías renovables y estímulos a la inversión en ciencia, tecnología e innovación.
En la antesala y a la postre de su radicación, diferentes voces y sectores emitieron su concepto respecto a dicha iniciativa gubernamental, la que también se puede catalogar como una estrategia petrista que busca aliviar el déficit fiscal que actualmente aqueja las finanzas del país.
Desde ya hay quienes opinan que el Gobierno lo que está buscando es obtener recursos para aprovecharlos en las elecciones que se aproximan, por lo que muchos parlamentarios están proponiendo el hundimiento del referido proyecto cuanto antes mejor.
El Gobierno insiste en disfrazar una reforma tributaria bajo la llamada ley de financiamiento; se trata de un proyecto que les mete la mano en el bolsillo a todos los colombianos tal como lo pregonan varios componentes del Congreso de la República, según la mayoría de congresistas este proyecto no tiene ni pies ni cabeza, es una bomba de tiempo para los ingresos de todos los colombianos y para la economía nacional.
Hay que esperar que el Poder Legislativo realice un debate responsable del proyecto, pero que se tenga en cuenta las necesidades como la responsabilidad en el gasto, la inversión y el crecimiento para sanear las finanzas públicas de manera sostenible.
Hay que destacar que el referido proyecto, incluye aumentar el impuesto a los combustibles como la gasolina y el Acpm en los próximos dos años, gravar con IVA al sector de apuestas y juegos de azar, cobrar impuesto de renta a las iglesias por sus actividades comerciales y también hacerlo con las empresas que prestan servicios digitales desde el exterior.
En sus 86 artículos, el proyecto suma decenas de ajustes puntuales a otros tributos, como el de patrimonio o el de ganancias ocasionales, aumenta los impuestos sobre las personas que ganen desde 1.700 UVT al año –unos 84,6 millones de pesos, o 21.000 dólares en 202– e incrementa el llamado impuesto al carbono, que pagan quienes venden o importan combustibles fósiles como el gas natural, la gasolina o el carbón térmico.
Con una gran parte del Congreso en contra, parece casi imposible que en el último año legislativo, cuando los parlamentarios buscan de nuevo la aprobación de sus electores para reelegirse, el Gobierno logre sacar adelante una reforma que ponga más impuestos.
Como se sabe, el proyecto tendrá que ser aprobado por las dos comisiones económicas de la Cámara, para luego cumplir el mismo paso por la plenaria. Luego debe repetir el proceso en el Senado, donde las mayorías han sido esquivas a la administración Petro.
Ya son demasiadas las cargas que enfrentan los trabajadores y empresarios del país, mientras el gasto público continúa creciendo sin control ni eficiencia, al igual que la nómina estatal, lo que reduce el espacio para la inversión social.
En conclusión, los impuestos que contempla la reforma tributaria a que hoy hacemos referencia, acabarían afectando a la clase media y a las personas de bajos ingresos, mírese por donde se mire.
