Una nueva alerta de la Contraloría General de la República (CGR) pone bajo la lupa el manejo de los recursos públicos destinados a la salud de los maestros del país. Esta vez, el organismo de control detectó pagos anticipados por $1.296 millones a 81 servicios de salud que no estaban legalmente habilitados para operar, lo que representa un riesgo económico y social de gran escala.
Los pagos, realizados por la Fiduprevisora S.A. en el marco del nuevo modelo de atención en salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), se habrían hecho bajo la modalidad de capitación: un esquema en el que se paga por cada afiliado, sin comprobar aún si los servicios fueron prestados o si el dinero fue recuperado.
El problema no es menor: más de 53 mil docentes y sus familias estaban asignados a esos prestadores no habilitados. Y en total, el sistema de salud del magisterio cubre a más de 817 mil usuarios en todo el país.
Un sistema que tambalea: entre la improvisación y la advertencia
La Contraloría fue clara: esta advertencia no es sancionatoria, pero sí preventiva y excepcional, emitida cuando hay un riesgo elevado de daño patrimonial o social. Y en este caso, se cumplen ambas condiciones.
“Se entregaron recursos públicos sin verificación del cumplimiento legal de los prestadores. Esto puede generar interrupciones en la atención, disminución de la calidad del servicio y pérdidas económicas irrecuperables”, señaló el ente de control.
La situación pone en entredicho la implementación del nuevo modelo de salud del FOMAG, aprobado en 2024 por su Consejo Directivo y ejecutado por Fiduprevisora. Dicho modelo divide al país en 10 regiones operativas, buscando integrar redes mixtas de atención en salud. Pero la transición ha sido accidentada: fallas en contratación, deficiencia en supervisión y ahora, pagos sin soporte jurídico.
¿Qué está fallando?
Para la Contraloría, el corazón del problema está en la falta de control legal y financiero previo a los desembolsos. Se trata, en el fondo, de una alerta sobre la fragilidad del sistema de verificación de los prestadores, que deberían estar inscritos en el Registro Especial de Prestadores de Salud (REPS) para recibir recursos públicos.
La ausencia de este requisito básico abre la puerta a una cadena de irregularidades que pone en juego no solo los fondos del magisterio, sino la salud misma de sus afiliados.
Fiduprevisora, en el centro del escrutinio
La advertencia ya fue comunicada oficialmente a Fiduprevisora S.A., que deberá rendir cuentas y tomar medidas inmediatas para mitigar los riesgos identificados. Aunque el llamado no implica una sanción directa, sí representa una presión institucional para corregir el rumbo antes de que se configure un daño patrimonial irreversible.
La CGR también instó a fortalecer los filtros de contratación en el modelo actual, asegurando que ningún peso del erario sea girado a entidades que no cumplan con la ley.
¿La salud del magisterio, a la deriva?
Esta no es la primera vez que el modelo de salud del magisterio es señalado por inconsistencias. Pero el hallazgo reciente pone de relieve un patrón preocupante de improvisación, justo en un sector donde la confianza institucional es clave.
Más allá del monto —casi $1.300 millones—, lo que está en juego es la salud de miles de maestros, muchos de ellos en zonas rurales, donde el acceso a atención médica ya es limitado. La alerta de la Contraloría no solo apunta al dinero, sino a un sistema que, por falta de control y rigor, puede estar fallando en su propósito más básico: cuidar la vida de quienes educan al país.
