Senadora Isabel Zuleta denuncia vertimiento de aguas residuales al mar en Santa Marta

Durante un acalorado debate ambiental en el Senado de la República, la senadora Isabel Zuleta, del partido Pacto Histórico, lanzó serias acusaciones contra la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar) y la administración distrital, en medio de la creciente preocupación por la crítica situación de contaminación marina en esa ciudad costera.

«Hoy en la Comisión V realizamos un debate de control político sobre la grave contaminación en las playas de Santa Marta. Sin una planta de tratamiento de aguas residuales no habrá solución de fondo. Santa Marta no puede seguir vertiendo sus desechos al mar, poniendo en riesgo la salud pública y destruyendo un ecosistema vital«, escribió la senadora en su cuenta X.

Zuleta calificó como una «mentira institucionalizada» la versión oficial que asegura que las aguas residuales en Santa Marta se disuelven de manera controlada antes de llegar al mar. Según la congresista, lo que realmente ocurre es un vertimiento directo de aguas sin tratamiento al ecosistema marino, lo cual representa un riesgo severo para la salud pública, la biodiversidad y el turismo en la región.

“La teoría de la disolución de aguas residuales en Santa Marta es una mentira que sigue contaminando el mar”, afirmó la senadora, visiblemente indignada. “Estamos hablando de una agresión ambiental sostenida contra el Caribe colombiano”, agregó.

Durante su intervención, Zuleta insistió en la necesidad urgente de construir una planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad. Según ella, el modelo actual es insostenible y contribuye al deterioro progresivo de las playas samarias, afectando no solo el medio ambiente sino también el sustento de miles de familias que viven del turismo.

El debate contó con la participación de representantes del Ministerio de Ambiente, delegados de la Procuraduría, autoridades locales y líderes sociales. Sin embargo, la ausencia del alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, fue duramente criticada por los asistentes, que interpretaron su inasistencia como una muestra de desinterés institucional frente a una crisis de gran magnitud.

ESSMAR cierra puertas a la prensa mientras líderes sociales protestan por crisis sanitaria en Santa Marta

Mientras en las afueras de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (ESSMAR), en el sector de Gaira, se levantaban voces ciudadanas exigiendo soluciones ante el colapso sanitario, puertas adentro se levantaban muros contra la prensa.

Durante el plantón pacífico convocado por líderes sociales de distintos barrios afectados por rebosamientos de aguas residuales y la persistente escasez de agua potable, periodistas locales intentaron ingresar a una reunión que se desarrollaba entre representantes de la comunidad, el secretario de Gobierno Distrital, Camilo George, el agente interventor de ESSMAR y otros funcionarios. Pero el acceso les fue negado.

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La escena provocó incomodidad inmediata entre los manifestantes, quienes respaldaron a los medios, denunciando lo que consideraron un acto de censura institucional. “¿Qué se está discutiendo allá adentro que no podemos saber?”, gritó una líder barrial, megáfono en mano. “La crisis es de todos, la información también debería serlo”.

Una funcionaria de la empresa, identificada como Viviana, salió a intentar calmar los ánimos. En su versión, la restricción había sido orden del secretario de Gobierno. Pero minutos después, el propio Camilo George negó cualquier implicación a través de mensajes enviados directamente a periodistas, deslindando responsabilidad y señalando que la decisión había sido interna de ESSMAR.

La respuesta oficial llegó finalmente de parte del área de comunicaciones de la entidad, que —acompañada por la Policía— explicó que la sala era demasiado pequeña y que se buscaba evitar aglomeraciones. A pesar de esto, la propuesta de permitir el ingreso a un solo periodista fue rechazada.

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El episodio dejó un sabor amargo entre la prensa y reavivó cuestionamientos sobre la transparencia de la empresa, justo cuando enfrenta críticas nacionales por su gestión ambiental, su deteriorada infraestructura y el mal manejo del servicio público en la capital del Magdalena.

“La democracia se mide en estos gestos. Si no hay garantías para informar, tampoco hay garantías para la ciudadanía”, afirmó uno de los reporteros que cubría la protesta.

Mientras tanto, los rebosamientos continúan y los barrios siguen sin agua. Y ahora, también sin información.