La Procuraduría General de la Nación sancionó al excanciller Álvaro Leyva Durán con destitución e inhabilidad general por 10 años por haber declarado desierta la licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes, a pesar de que hubo un oferente que cumplía con todos los requisitos. Leyva apelará esta decisión.
¿Qué determinó la sanción?
La Sala Disciplinaria Ordinaria concluyó que Leyva actuó con una falta gravísima a título de dolo, al desconocer principios fundamentales de la contratación estatal como transparencia, economía y responsabilidad. La licitación solo contó con un oferente que cumplía los requisitos, lo que no justificaba su cancelación. Además, se determinó que la decisión carecía de fundamento legal.
Este fallo también reveló que Leyva no tenía facultades para declarar desierta la licitación por ese motivo, por lo que se consideró que su actuación buscaba eludir el deber de selección objetiva.
¿Está firme la sanción?
La Procuraduría aclaró que este fallo corresponde a una medida de primera instancia y que aún no ha sido confirmada en segunda instancia, pues el caso se encuentra en etapa de apelación.
Contexto del caso
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En septiembre de 2023, Leyva declaró desierta una licitación en la que Thomas Greg & Sons, empresa con experiencia de años en la expedición de pasaportes, cumplía con todos los requisitos.
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La Procuraduría consideró que canceló la licitación sin argumento técnico ni legal, y que utilizó de forma injustificada la figura de “urgencia manifiesta” para la contratación directa posterior.
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La decisión resultó en su suspensión temporal como canciller, y eventualmente en su salida del cargo en mayo de 2024.
Leyva sostiene que la sanción tiene motivaciones políticas y argumenta que actuó para proteger el interés público, aduciendo irregularidades en el proceso licitatorio.
