Julián Quintana, abogado de la familia de la niña hallada sin vida en Cajicá, advirtió que la institución educativa deberá responder por graves omisiones y pidió celeridad en la investigación para esclarecer si se trató de un asesinato.
El caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años desaparecida en Cundinamarca y cuyo cuerpo fue hallado el pasado 30 de agosto en el sector de Fagua, en Cajicá, continúa generando conmoción nacional. La Fiscalía General de la Nación confirmó la identidad de la menor mediante dictámenes forenses, mientras el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses trabaja en establecer las causas y circunstancias de la muerte.
Aunque la Fiscalía pidió prudencia y seguir únicamente los canales oficiales, el abogado de la familia, Julián Quintana, aseguró en una entrevista radial que el colegio en el que estudiaba Valeria incurrió en omisiones graves que pudieron propiciar su muerte.
“El caso refleja una cadena de desaciertos, empezando por las condiciones de seguridad del colegio. En nuestra opinión, Valeria pudo ser asesinada por la grave omisión de esta institución”, afirmó Quintana.
Entre las fallas, mencionó los huecos en la red perimetral y la cercanía indebida del plantel a un río, ubicado a tan solo cuatro metros cuando la normativa exige una distancia mínima de cincuenta. “Las instituciones educativas deben asumir cualquier daño ocurrido bajo su custodia”, agregó el abogado, al recordar la jurisprudencia de la Corte Suprema y el Código Penal sobre la tutela de menores.
El silencio del colegio y las sospechas
El representante de la familia señaló que la actitud de la rectora ha despertado dudas. Según explicó, en un video obtenido por investigadores privados, la directiva mencionó en una reunión con padres a un antiguo trabajador que habría querido hacer daño al colegio. Pese a ello, la mujer habría guardado silencio en su declaración ante la Fiscalía.
“En comunicados dicen que colaboran con las autoridades, pero en la realidad vemos muchos impedimentos para acceder a esa información”, denunció Quintana. También pidió a la Fiscalía adoptar medidas más contundentes, como inspecciones o allanamientos, para acceder a datos clave que permitan esclarecer responsabilidades.
El dictamen de Medicina Legal, clave en el caso
El abogado explicó que el caso fue priorizado y que los mejores expertos realizaron la necropsia, por lo que los resultados podrían conocerse en cuestión de horas. En su opinión, todo apunta a que la causa de la muerte fue violenta.
Aunque un dictamen de ahogamiento no excluiría la intervención de un tercero, Quintana planteó la hipótesis de un posible rapto fallido. Recordó que Valeria no solía abandonar su entorno seguro y que no disfrutaba del agua ni de lugares desconocidos: “No era una niña aventurera”, dijo.
Dudas sobre el hallazgo
Otro de los puntos que genera controversia es si el cuerpo de la menor estuvo desde el inicio en el lugar donde fue encontrado. Quintana aseguró que, tras dialogar con el comandante de bomberos y el secretario de Seguridad, pudo corroborar en videos que en las primeras búsquedas no había rastro de la niña.
Por ello, cuestionó si Valeria fue llevada al sitio posteriormente, una hipótesis que también ha sido mencionada por el gobernador de Cundinamarca. “Medicina Legal nos tendrá que informar aproximadamente cuánto tiempo llevaba muerta la niña, y eso nos dará muchas luces en esta teoría del caso”, concluyó.
Mientras tanto, la familia espera respuestas rápidas y contundentes de las autoridades, convencida de que la verdad sobre la muerte de Valeria no puede quedar en la impunidad.
Y.A.
