El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sigue sacudiendo al país, no solo por la brutalidad del crimen, sino por la sanción que recibió su autor: un menor de edad, condenado a solo 7 años de privación de libertad. La decisión judicial encendió una nueva alarma en el Congreso y dejó al descubierto una brecha legal que, para algunos, raya en la impunidad.
Desde Santander, el representante a la Cámara Óscar Villamizar Meneses (Centro Democrático) levantó la voz y calificó la condena como una “burla para Colombia”. Para él, no se trata solo de un fallo, sino de un reflejo de un sistema que —según afirma— premia la criminalidad juvenil con penas blandas, incluso en los casos más atroces.
Villamizar no se quedó en el reclamo. Respaldado por el respaldo de su bancada, pidió acelerar el trámite del proyecto de ley 025 de 2025, que busca modificar de raíz la responsabilidad penal para adolescentes. En esencia, propone que los menores entre 14 y 18 años que cometan delitos graves como homicidio, secuestro, violación o concierto para delinquir, sean juzgados como adultos, y puedan recibir hasta 60 años de cárcel.
“Un asesino, así sea menor de edad, no puede quedar libre en solo siete años. Hoy muchos jóvenes ingresan voluntariamente a bandas criminales, son sicarios a sueldo y viven de ello”, sentenció Villamizar en un comunicado que ya genera reacciones cruzadas.
El proyecto no apunta a criminalizar la niñez, dice el congresista. Según él, está dirigido a quienes, teniendo oportunidades, eligen delinquir. Recordó que el menor que disparó contra Uribe Turbay participó en programas estatales de inclusión, pero aún así eligió el camino del crimen.
Además, el proyecto busca cambiar el régimen de antecedentes judiciales para menores. Hoy en día, si un joven comete múltiples crímenes, su historial no se consolida, ni se puede rastrear penalmente. “Eso impide saber si estamos frente a un reincidente o a un asesino serial en formación”, advirtió el legislador.
El debate no es nuevo, pero sí volvió a tomar fuerza tras un hecho que desnuda los vacíos del sistema judicial frente a delitos cometidos por menores de edad. Y mientras la justicia actual castiga un magnicidio con apenas siete años, el Congreso se alista para decidir si, en Colombia, la mayoría de edad penal debe empezar desde el momento en que se decide matar.
