La Contraloría General de la República ha iniciado una investigación formal sobre el uso de los fondos fijos en la Alcaldía de Medellín durante la administración de Daniel Quintero, tras conocerse denuncias que apuntan a posibles actos de corrupción relacionados con el uso de la caja menor.
De acuerdo con información suministrada por la Contraloría de Antioquia, algunos funcionarios habrían autorizado el uso de recursos públicos para cubrir gastos personales, lo que ha generado serias preocupaciones sobre la gestión de estos fondos durante el periodo de Quintero como alcalde.
Uno de los casos que motivó la intervención nacional fue la detección, en 2024, de un cobro prejurídico presentado por un restaurante de la ciudad. Dicho cobro estaba relacionado con consumos atribuidos al exalcalde, los cuales habrían sido registrados como gastos de representación.
Ante estos hechos, la Procuraduría también abrió una investigación disciplinaria contra Quintero y su exsecretaria privada, María Camila Villamizar, por posibles irregularidades en el uso de viáticos y recursos destinados a viajes oficiales. Según ese organismo, la conducta de Villamizar podría configurar el delito de peculado por apropiación, al tratarse del uso indebido de bienes públicos.
Tanto Quintero como Villamizar ya están formalmente vinculados al proceso, mientras las autoridades recopilan pruebas documentales y testimoniales que permitan esclarecer las presuntas irregularidades.
El fondo fijo, comúnmente conocido como caja menor, fue creado en 1994 durante la administración de Luis Alfredo Ramos, con el fin de atender gastos menores del despacho del alcalde, como transporte, mensajería, implementos de oficina y detalles protocolares. Inicialmente limitado a dos salarios mínimos mensuales, en 2010 su tope fue ampliado a veinte salarios mínimos bajo la administración de Alonso Salazar.
