El Gobierno de Singapur anunció nuevas medidas que contemplan hasta 20 años de prisión y 15 golpes de vara para los proveedores de vapeadores con etomidato, mientras los consumidores deberán asistir a programas de rehabilitación.
El Gobierno de Singapur anunció este jueves un drástico endurecimiento de las sanciones contra los proveedores de vapeadores, prohibidos en la ciudad-Estado desde 2018. A partir del 1 de septiembre, quienes distribuyan dispositivos que contengan etomidato —un anestésico de acción corta— podrán enfrentar hasta 20 años de cárcel y un máximo de 15 latigazos.
“Los vapeadores se han convertido en una puerta de entrada para el abuso de sustancias”, afirmó el ministro de Salud, Ong Ye Kung, en un comunicado en el que explicó que la medida busca frenar el crecimiento del consumo entre jóvenes.
El anuncio sigue la línea marcada por el primer ministro Lawrence Wong, quien ya había adelantado la reforma de la legislación contra el vapeo, apuntando directamente al etomidato, también conocido como kpod. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) alertó en marzo sobre la expansión de esta sustancia en Europa del Este y el Sudeste Asiático.
Las autoridades singapurenses ya habían desmantelado en enero una red de distribución ilegal de vapeadores vinculados a esta sustancia. Según Ong, “muchas personas, especialmente jóvenes, empezaron a vapear pensando que no era tan dañino como el tabaco y luego se adentraron en el abuso de sustancias, que es lo que estamos viendo ahora con el etomidato”.
El endurecimiento legal distingue entre vendedores e importadores: los primeros podrán recibir hasta 10 años de cárcel y cinco azotes, mientras que los segundos se enfrentarán a las sanciones más severas. Una escalada importante respecto al máximo de dos años de prisión que contemplaba la ley hasta ahora.
En paralelo, el Ministerio de Salud anunció la instalación de contenedores para que los usuarios entreguen voluntariamente los dispositivos antes de que se apliquen medidas más coercitivas. En el caso de los consumidores, en su mayoría menores de 30 años, deberán asistir a programas de rehabilitación y pagar multas de entre 500 y 700 dólares singapurenses. Si reinciden, las penas podrán alcanzar hasta dos años de cárcel.
Con estas medidas, Singapur se coloca a la vanguardia internacional en la lucha contra los vapeadores, en un contexto global en el que varios países han comenzado a restringir su uso. En junio, el Reino Unido prohibió la venta de dispositivos desechables, con el objetivo de frenar el acceso de los jóvenes y reducir la contaminación derivada de estos productos.
Y.A.
