El borrador de decreto presentado por el Ministerio de Minas y Energía, que busca restablecer la contribución del 20% sobre la tarifa de energía a ciertas empresas exoneradas, continúa generando reacciones en distintos sectores. Esta vez, las críticas no se centran en su contenido económico o social, sino en su sustento jurídico.
Hay quienes cuestionan abiertamente la vía elegida por el Gobierno para implementar el cambio. Según afirman algunos sectores, si bien es cierto que la ley prevé los subsidios cruzados —es decir, que estratos altos, industria y comercio contribuyan a financiar las tarifas de los estratos 1, 2 y 3—, fue el Congreso quien posteriormente exoneró a la industria del pago de esa contribución, por lo que cualquier modificación a ese esquema debe pasar nuevamente por el legislativo.
“Como las cosas se deshacen conforme se hacen, solo mediante la reforma de la ley se puede dar este paso que está planteando el ministro, y no mediante un decreto. Esto es competencia del Congreso de la República”, señaló un exponente de la norma.
¿Qué propone el borrador del Ministerio?
El ministro Edwin Palma explicó en días recientes que el decreto, aún en etapa de comentarios, busca revisar qué sectores industriales deben seguir exentos de la contribución de solidaridad, prevista desde las leyes 142 y 143. Con esta medida, el Gobierno espera reducir el impacto fiscal y garantizar el subsidio de energía para los sectores más vulnerables.
Sin embargo, para críticos del borrador, el problema no es el objetivo del decreto sino el mecanismo escogido para implementarlo. A su juicio, un decreto no puede modificar una exención que fue establecida por el legislador a través de una norma de igual o mayor jerarquía.
Choque de interpretaciones
El choque entre el Ministerio y algunos congresistas pone sobre la mesa un debate técnico-jurídico: ¿puede el Gobierno restablecer por decreto una contribución que fue previamente retirada por el Congreso?
Mientras desde el Ejecutivo se insiste en que la medida busca corregir una carga fiscal creciente y garantizar los subsidios para los estratos 1, 2 y 3, desde sectores políticos y jurídicos se insiste en que un cambio de ese calibre solo puede hacerse mediante una reforma legal.
Por ahora, el borrador sigue en etapa de discusión pública. Se espera que en los próximos días se recojan comentarios de todos los sectores, incluidos expertos legales, empresas e instituciones, antes de cualquier decisión definitiva.
