El Gobierno de los Estados Unidos ha propuesto una serie de cambios significativos en la política de visados, que afectarían directamente a estudiantes internacionales, participantes de programas de intercambio cultural y periodistas extranjeros.
La iniciativa, presentada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Registro Federal, contempla reducir la duración de las visas F, J e I —dirigidas a estudiantes, visitantes culturales y profesionales de medios, respectivamente—, como parte de un esfuerzo por reforzar los controles migratorios y administrativos sobre estos grupos.
Según el borrador de la propuesta, las visas F y J tendrían una vigencia máxima de cuatro años, o el tiempo exacto que dure el programa académico o de intercambio. En el caso de los periodistas con visa I, el permiso de estadía se limitaría a 240 días, aunque se podrá solicitar una extensión siempre y cuando la persona continúe trabajando con el mismo medio.
Las nuevas reglas también imponen restricciones adicionales: los estudiantes de posgrado no podrán cambiar de carrera mientras tengan este tipo de visado, y dispondrán de solo 30 días para abandonar el país al finalizar sus estudios, a diferencia de los 60 días establecidos actualmente. Quienes asistan a cursos de inglés como segunda lengua, por su parte, tendrán un límite de 24 meses de permanencia en territorio estadounidense.
Uno de los cambios más estrictos recae sobre los periodistas provenientes de China, quienes verían limitada su estadía inicial a 90 días, con prórrogas posibles bajo criterios más rigurosos.
El documento del DHS también anticipa un incremento en los costos operativos relacionados con el procesamiento de estos visados. Se estima que la implementación de esta medida supondría un gasto adicional de hasta 392 millones de dólares anuales en los próximos 10 años, tanto para solicitantes como para instituciones educativas y programas culturales.
Esta propuesta, que aún está sujeta a revisión pública durante un periodo de 30 días, revive los lineamientos de una política similar impulsada por el expresidente Donald Trump en 2020, que no llegó a aplicarse debido al cambio de administración.
En paralelo, la actual campaña de Trump ha iniciado un proceso de auditoría migratoria que busca revisar más de 55 millones de visas activas, lo que podría derivar en revocaciones o deportaciones en casos de irregularidades.
Con este movimiento, Estados Unidos reafirma su intención de ejercer un control más estricto sobre los flujos migratorios temporales, incluso en sectores tradicionalmente considerados como aliados estratégicos en la diplomacia educativa y cultural.
