El Ministerio Público reiteró que no puede haber territorios vedados e insistió en la necesidad de evitar confrontaciones y trabajar de manera conjunta.
La Procuraduría General de la Nación ingresó al resguardo indígena de Mistrató, en Risaralda, donde junto a otras autoridades institucionales dialogaron con algunos de sus líderes para conocer la situación actual provocada por la minería ilegal y establecer acuerdos que permitirán el ingreso de la Fuerza Pública.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda sostuvo que se visitó una parte de las 37 hectáreas que conforman el territorio, en donde reiteró que no puede haber territorios vedados e insistió en la necesidad de evitar confrontaciones y trabajar de manera conjunta, en el marco permanente del respeto a su autonomía.
Durante la visita, el ente de control confirmó que se practica la minería ilegal en la zona de Puerto de Oro, en donde habría al menos siete lugares dedicados a la explotación a cielo abierto, en la que se estaría utilizando mercurio, con la consecuente afectación ambiental; sin embargo los indígenas reclaman poder realizar su práctica de manera artesanal, como lo han venido haciendo, y ser este uno de sus medios más importantes de subsistencia.
El Ministerio Público reiteró a la reserva indígena el derecho que tienen a hacer sus consultas previas en temas ambientales, pero se les explicó que en muchos casos se trata de temas de índole nacional y se debe respetar el ordenamiento legal, por lo que se acordó realizar una nueva jornada para hacer seguimiento y escuchar sus inquietudes sobre este y otros temas.
Finalmente, la Procuraduría indicó que revisará la existencia y validez de las licencias ambientales que les fueron expedidas a terceros, situación que desmintió la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER).
