El Ministerio de Educación y la Unidad de Alimentos para Aprender señalaron que las decisiones de algunas entidades territoriales están afectando la sostenibilidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE), lo que compromete el derecho a la educación y a la nutrición de miles de niños.
El Gobierno Nacional encendió las alarmas al confirmar que la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) está en riesgo y que más de 500.000 estudiantes podrían resultar afectados en los próximos meses.
La advertencia fue hecha por el Ministerio de Educación y la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), que señalaron deficiencias en la cofinanciación y en la gestión de recursos por parte de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC).
De acuerdo con la UApA, entre 2022 y 2025 los recursos del Presupuesto General de la Nación destinados al PAE aumentaron de 1,26 billones a 2,13 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 68%.
Para 2026 se proyecta una inversión de 2,9 billones de pesos, reflejando el esfuerzo del Gobierno por ampliar cobertura y mejorar calidad.
Sin embargo, las decisiones adoptadas en varios territorios han impactado negativamente el programa. Entre las principales dificultades se destacan la disminución de los aportes propios de cofinanciación por parte de las ETC, en contravía de la Ley 2167 de 2021 que ordena su incremento anual.
Además, persisten falencias en la planeación, deficiencias en los procesos de contratación, limitaciones en la definición de costos y una falta de articulación con la economía local, lo que incrementa costos logísticos y reduce eficiencia.
El panorama es crítico: en 82 entidades territoriales no se ha logrado una cobertura proporcional, lo que significa que 421.514 estudiantes dejaron de recibir alimentación escolar. Pese a la inversión superior a 5,2 billones de pesos en 2024, a junio de 2025 la cobertura apenas alcanzaba un 76,14%.
La situación afecta con mayor fuerza a municipios vulnerables, donde el PAE constituye un soporte esencial para la permanencia en las aulas.
Ante este escenario, el Gobierno anunció medidas urgentes. La UApA asumirá funciones de inspección y vigilancia sobre los recursos, se exigirá a las ETC el cumplimiento de la ley en materia de cofinanciación, y se fortalecerá el control social mediante mayor transparencia y trazabilidad en la ejecución.
Asimismo, se advirtió que quienes incurran en irregularidades podrán ser objeto de sanciones en coordinación con los entes de control.
“La sostenibilidad del PAE depende de la responsabilidad compartida entre nación y territorios. Es necesario garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera íntegra y en beneficio de la niñez colombiana”, enfatizó la Unidad de Alimentos para Aprender.
Y.A.
