Los expresidentes del Congreso, recluidos en La Picota, son procesados por cohecho impropio y peculado por apropiación, tras recibir millonarios sobornos provenientes de la UNGRD para favorecer reformas del gobierno en el legislativo.
La Corte Suprema de Justicia, en una sesión extraordinaria celebrada en Villavicencio, decidió llamar a juicio a los expresidentes del Congreso de la República, Iván Leónidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas, señalados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio, en el marco del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
De acuerdo con el despacho del magistrado instructor Francisco Farfán, las investigaciones recogen tanto declaraciones como pruebas técnicas que comprometerían a los excongresistas en el manejo irregular de recursos. “La Sala consideró que hay indicios suficientes para llevar a juicio a los procesados”, señaló la Corte en su comunicado.
El proceso judicial avanza pese a las divisiones internas de la Sala de Instrucción: de los seis magistrados que participaron en la decisión, tres salvaron voto. En caso de que la acusación quede en firme, el caso será trasladado a la Sala Especial de Primera Instancia.
Actualmente, tanto Name como Calle permanecen recluidos en el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota en Bogotá, donde cumplen medida de detención preventiva desde el pasado 7 de mayo de 2025.
La Fiscalía sostiene que Iván Name habría recibido $3.000 millones como soborno para acelerar la aprobación de las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro. Dichos recursos, según la investigación, fueron entregados por la entonces consejera presidencial Sandra Liliana Ortiz, por orden del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González.
Por su parte, Andrés Calle está señalado de haber recibido $1.000 millones, presuntamente producto de la contratación irregular en la UNGRD, dinero que le habría entregado directamente Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, a cambio de favorecer iniciativas oficiales en la Cámara de Representantes.
Con estas acusaciones, el proceso se perfila como uno de los más relevantes en la lucha contra la corrupción política en el país, ya que compromete a dos de los hombres que hasta hace poco ocuparon las más altas dignidades del Congreso de la República.
Y.A.
