El Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, reiteró que modificar de forma unilateral los recursos de las concesiones viales 4G y 5G podría generar demandas millonarias, sanciones contractuales y hasta la parálisis de las obras.
La Contraloría General de la República volvió a encender las alarmas sobre los proyectos de infraestructura vial en Colombia.
El Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, reiteró su advertencia al Gobierno nacional frente al riesgo de afectar los intereses públicos en caso de que se modifique, de manera unilateral, el manejo de los recursos destinados a las concesiones 4G y 5G.
La alerta surge tras el análisis de un borrador de decreto del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el que se contempla la posibilidad de reprogramar los aportes o utilizar los dineros ya existentes en los patrimonios autónomos de los proyectos.
De acuerdo con la Contraloría, una decisión de este tipo podría derivar en graves consecuencias, entre ellas, la obligación de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y de la Nación de pagar intereses moratorios y remuneratorios que no estaban pactados en los contratos, lo que abriría la puerta a demandas millonarias contra el Estado.
“El incumplimiento en el aporte de las vigencias futuras a un contrato de concesión podría afectar directamente la ejecución de las obras, incluso derivando en la parálisis de los proyectos o en la terminación anticipada de estos, dejándolos inconclusos”, precisó Rodríguez Becerra.
El ente de control también recordó que los contratos de concesión vigentes no permiten condicionar los aportes de vigencias futuras al avance de los proyectos, pues ya existen cláusulas de sanción establecidas.
Cualquier modificación, advirtió, debe realizarse mediante un acuerdo formal entre las partes, protocolizado a través de un Otrosí o documento modificatorio aprobado por el Ministerio de Transporte, el CONPES, el CONFIS y el DNP, tal como se hizo en la etapa inicial de licitación y adjudicación.
Esta no es la primera vez que la Contraloría emite la advertencia. Ya el pasado 4 de junio de 2025, el mensaje había sido enviado a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla; al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas; y al presidente de la ANI, Oscar Javier Torres Yarzagaray, sobre los riesgos que implica la alteración unilateral de los compromisos financieros de los proyectos viales más ambiciosos del país.
Y.A.
