Aunque usted siga siendo el dueño, reciba comparendos y descubra que fue vendido a un tercero.
Imagine que su vehículo es detenido por la Policía en un procedimiento judicial, que usted cumple con la obligación legal de entregarlo, y que meses después, en lugar de recuperarlo, se entera de que ha sido traspasado a otra persona sin su consentimiento. Peor aún: empiezan a llegarle comparendos de tránsito y reportes de circulación de un carro que oficialmente debería estar bajo custodia del Estado. Este no es un escenario hipotético: es la historia de Roberto Ignacio Angulo Rodríguez, un ciudadano bogotano que hoy demanda a la Rama Judicial, la Policía Nacional y la Ventanilla Única de Servicios por la desaparición y posterior venta de su camioneta Dodge RAM 2500, de placas MBW 618.
Un vehículo en custodia del Estado que “desapareció”
El caso inició en 2015, cuando en medio de un proceso judicial se ordenó el embargo del vehículo de Angulo. La Policía Nacional procedió a la aprehensión, pero lo hizo en condiciones irregulares: ingresó a un predio privado sin las formalidades legales ni actas de incautación. Desde entonces, el destino del automotor quedó en un limbo.
Aunque el proceso judicial terminó en febrero de 2023 y el juez ordenó devolver el vehículo, la entrega nunca ocurrió. Por el contrario, registros oficiales del RUNT revelaron que el carro seguía circulando: se le renovó el SOAT, se le practicaron revisiones técnico-mecánicas y, finalmente, en julio de 2023 fue traspasado a nombre de una nueva propietaria. Todo esto sin autorización del legítimo dueño, quien incluso acudió personalmente a la Ventanilla Única de Servicios para advertir sobre la irregularidad, sin que se detuviera el trámite.
Una cadena de omisiones e irregularidades
La denuncia de Angulo, representado por Iván Acuña & Abogados, apunta a una falla sistemática de varias entidades del Estado:
• Rama Judicial: que tenía bajo su custodia el vehículo embargado y no garantizó su conservación ni su devolución.
• Policía Nacional (SIJIN Automotores): que realizó la aprehensión sin acta ni control sobre el destino del bien.
• Ministerio de Defensa y Nación: como responsables institucionales de la custodia policial.
• Ventanilla Única de Servicios (Consorcio Circulemos Digital): que avaló un traspaso fraudulento pese a la advertencia expresa del propietario.
La demanda plantea que no se trata de un caso aislado, sino de un posible patrón: vehículos embargados o inmovilizados que nunca regresan a manos de sus dueños, sino que terminan en circulación irregular o en manos de terceros.
¿Negocio detrás de los retenes?
La pregunta de fondo que deja este caso es inquietante: ¿podrían existir redes o intereses económicos detrás de la retención de vehículos en retenes y embargos judiciales? ¿Es posible que lo que debería ser un procedimiento legal se haya convertido en una práctica donde automotores terminan revendidos mientras sus dueños legítimos quedan despojados?
La sospecha no es menor: el vehículo de Angulo, según los documentos oficiales, fue usado durante años mientras estaba “retenido” y terminó siendo vendido con papeles aparentemente falsos.
La batalla legal
El 24 de julio de 2025, tras una audiencia fallida de conciliación ante la Procuraduría, la defensa de Angulo presentó formalmente una demanda de reparación directa contra la Rama Judicial, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, la Ventanilla Única de Servicios y la Nación.
Las pretensiones son contundentes: la devolución inmediata del vehículo o, en su defecto, una indemnización superior a los $150 millones de pesos, más perjuicios morales y patrimoniales. Entre los rubros reclamados se incluyen:
• Pérdida del vehículo: $76.800.000
• Gastos judiciales y de investigación: $16.290.639
• Lucro cesante: más de $80 millones
• Daños morales: 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En total, la reclamación supera los $250 millones de pesos.
Un caso que revela fallas estructurales
Más allá del drama personal, este caso pone en entredicho la capacidad del Estado colombiano para garantizar la custodia de bienes embargados o retenidos. Si un vehículo bajo control judicial puede desaparecer, circular y ser traspasado sin control, ¿qué garantías tienen los ciudadanos?
La historia de Roberto Angulo expone un riesgo que podría estar afectando a muchos otros propietarios de vehículos en Colombia: perder su patrimonio no por un delincuente común, sino bajo la custodia de las instituciones que deberían protegerlo.
Llamado a la opinión pública
El caso está hoy en manos de los Juzgados Administrativos de Cundinamarca. Sin embargo, el trasfondo es de interés nacional: la ciudadanía merece respuestas claras sobre cómo opera la custodia de automotores embargados, cuál es la responsabilidad de la Ventanilla Única de Servicios en los traspasos irregulares, y qué controles existen para prevenir que bienes embargados terminen en un mercado paralelo.
La demanda de Roberto Angulo podría sentar un precedente histórico en la responsabilidad del Estado frente a la pérdida de bienes bajo su custodia. Mientras tanto, la pregunta sigue abierta: ¿cuántos otros carros retenidos circulan hoy en manos ajenas, con dueños legítimos que aún esperan justicia?
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