En un giro inesperado, los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, concluyeron que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 violó los topes de financiación y recibió recursos de origen irregular.
La ponencia, que será radicada este lunes, propone sanciones administrativas contra Ricardo Roa —actual presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña presidencial— así como contra otros miembros del equipo de campaña y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
El exceso en los gastos superaría los 3.500 millones de pesos, considerando la primera y segunda vuelta presidencial.
¿Qué sigue ahora?
Con la ponencia lista, el proceso entra en una fase clave: la decisión de la sala plena del CNE, compuesta por nueve magistrados. Sin embargo, no todos podrán votar.
Alba Velásquez, cercana al Pacto Histórico, fue recusada por haber actuado como testigo electoral en nombre de la campaña de Petro, lo que la inhabilita para participar. Esto obliga a convocar conjueces, ya que se requieren mínimo seis votos para tomar una decisión formal.
Actualmente, el tribunal está dividido: cuatro magistrados son afines al gobierno, y cinco —incluyendo los ponentes— no lo son. Esto anticipa una votación cerrada y de alto voltaje político.
Una decisión sin precedentes
Es la primera vez en la historia del país que una investigación por violación de topes contra la campaña de un presidente en ejercicio llega a esta instancia. Anteriormente, casos similares contra expresidentes como Juan Manuel Santos o Álvaro Uribe fueron archivados en etapas preliminares.
La ponencia se presenta justo cuando el plazo legal para resolver el caso está a punto de vencer, lo que añade presión a un tribunal que ahora deberá tomar una decisión de alto impacto institucional y político.
