Documento señala que la campaña presidencial del 2022 excedió más de 3.500 millones de pesos y solicita sanciones a directivos, partidos y al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
La campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro al poder en 2022 vuelve al centro de la polémica. Una ponencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) reveló que se habrían violado los topes de financiación por más de 3.500 millones de pesos (unos 870.000 dólares actuales).
El documento solicita sanciones administrativas y multas millonarias a los responsables, entre ellos Ricardo Roa, gerente de campaña y hoy presidente de Ecopetrol.
La ponencia fue presentada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz y ahora deberá ser discutida por la sala plena del CNE, donde se necesitan seis de los nueve votos para que sea aprobada.
En el informe se plantea sancionar no solo a los directivos de campaña, sino también a los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, integrantes del Pacto Histórico, “por vulneración al régimen de financiación electoral”.
Según el documento, Roa, la tesorera Lucy Aydeé Mogollón y la auditora María Lucy Soto deberían ser sancionados con una multa solidaria de 5.923 millones de pesos (aproximadamente 1,5 millones de dólares).
Además, las colectividades Colombia Humana y Unión Patriótica enfrentarían multas de 1.167 millones de pesos cada una.
Las supuestas irregularidades fueron denunciadas en febrero de 2023 a través de una queja anónima. Tras dos años de investigación, el CNE concluyó que en la primera vuelta electoral del 29 de mayo de 2022 la campaña no reportó aportes por más de 3.709 millones de pesos, provenientes de Fecode, el Polo Democrático Alternativo y la Unión Sindical Obrera (USO).
En la segunda vuelta, celebrada el 19 de junio de ese año, se habrían sobrepasado los gastos en 1.646 millones de pesos adicionales.
El presidente Petro, excluido en junio pasado del proceso por decisión de la Corte Constitucional, ha insistido en que se trata de un “golpe de Estado blando” en su contra y que la única entidad competente para investigarlo es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por su fuero presidencial.
Mientras tanto, la decisión final dependerá de la votación en el CNE, que deberá determinar si procede o no la sanción contra la campaña, sus directivos y los partidos implicados.
Y.A.
