La finca La América, símbolo del proyecto de “justicia agraria” del presidente Gustavo Petro, se convirtió en el centro de una tormenta jurídica. El Tribunal Superior de Barranquilla declaró ilegal la entrega de este predio de 1.453 hectáreas a campesinos víctimas de la violencia, cuestionando la actuación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad de Víctimas (UARIV).
El caso estalló tras el acto público del 23 de noviembre de 2024, cuando Petro entregó personalmente la hacienda a decenas de familias rurales, presentándolo como un triunfo contra el despojo y el narcotráfico. “Repartimos a los campesinos humildes del Cesar las tierras que eran del narcotraficante el Neñe Hernández”, celebró el mandatario en redes sociales.
Pero la justicia determinó que la transferencia violó medidas cautelares dictadas en marzo de 2023, que embargaban el predio debido a su vínculo con personajes como Jaime Blanco Maya y Hugues Rodríguez Fuentes, señalados por nexos con paramilitarismo y despojo de tierras.
El fallo deja en evidencia una disputa de alto voltaje. Mientras la ANT proclamaba haber “ganado la batalla” legal y presumía el registro de propiedad a su nombre, abogados de la familia Rodríguez denunciaban una “flagrante vulneración del debido proceso”.
Ahora, el tribunal ordena que La América regrese al Fondo de Reparación de Víctimas, dejando en el limbo a las comunidades que ya ocupaban y cultivaban el terreno bajo el proyecto campesino “Nuestra América”.
El revés golpea directamente una de las banderas del Gobierno Petro: la redistribución de tierras. Además, aviva el debate sobre la manera como el Ejecutivo ejecuta su política agraria, que enfrenta resistencia en sectores judiciales y en antiguos propietarios que reclaman derechos sobre predios que fueron despojados en medio del conflicto.
