Explosiones en una base militar y el derribo de un helicóptero policial evidencian la fuerza creciente de las disidencias de las FARC y la vulnerabilidad de la seguridad nacional.
El jueves 22 de agosto de 2025 quedará marcado en la memoria de Colombia como un día de muerte, según calificó el presidente Gustavo Petro, luego de que dos ataques coordinados, atribuidos a disidencias de las FARC, dejaran al menos 19 personas fallecidas y decenas de heridos. Los hechos, ocurridos en Cali, Valle del Cauca, y en el municipio de Amalfi, Antioquia, evidencian la complejidad de la violencia que persiste en el país pese a los años transcurridos desde el acuerdo de paz de 2016.
En Cali, el ataque más devastador fue perpetrado con un camión cargado de cilindros explosivos que detonaron cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez, ubicada en el norte de la ciudad. Testigos de los hechos relataron a agencias internacionales que las explosiones sacudieron varias viviendas aledañas y provocaron la muerte de seis civiles. La magnitud del atentado obligó a las autoridades locales a evacuar edificios, cerrar calles y restringir la circulación. El alcalde Alejandro Eder declaró estado de emergencia y prohibió temporalmente el ingreso de camiones de gran tamaño a la ciudad, ofreciendo además una recompensa de US$100.000 para quienes colaboren con información sobre los responsables.
Las autoridades atribuyeron el atentado a integrantes del Estado Mayor Central (EMC), disidencia liderada por Iván Mordisco, aunque ninguna organización armada se ha reivindicado la autoría. Los reportes preliminares señalan que dos individuos, identificados por la Fiscalía como posibles miembros de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, activaron los artefactos explosivos y fueron detenidos por la población local. Este hecho refleja la creciente fragmentación de las disidencias de las FARC, surgidas tras la escisión de 2016 y la posterior división de estructuras como la del EMC, que ahora cuenta con facciones lideradas por Calarcá y Mordisco.
Horas antes de la tragedia en Cali, un helicóptero de la policía fue derribado en Amalfi, Antioquia, mientras apoyaba labores de erradicación de cultivos ilícitos. El ataque, realizado con drones, cobró la vida de 13 agentes, según confirmó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Inicialmente atribuido al Clan del Golfo, el atentado fue posteriormente adjudicado a la facción liderada por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, ahora conocida como Estado Mayor de Bloques y Frentes tras la escisión del EMC en abril de 2024.
Este doble atentado ha generado un clima de alarma en todo el país. Analistas señalan que la violencia coordinada, aunque no alcanza los niveles de décadas pasadas, evidencia la capacidad creciente de las disidencias de las FARC para ejecutar operaciones complejas y sincronizadas. Desde la firma del acuerdo de paz, estas disidencias han disputado el control territorial con otros grupos armados, como el ELN y facciones herederas del paramilitarismo, lo que mantiene un escenario de conflictos simultáneos en regiones estratégicas de Colombia.
El Valle del Cauca, epicentro del ataque con explosivos, ha sido un territorio particularmente afectado. En junio de este año, se registró una serie de explosiones atribuidas al EMC que dejó siete muertos, mientras que el vecino departamento del Cauca ha sido escenario de otros 12 atentados que provocaron ocho víctimas fatales. Estas acciones reflejan la lucha de varios grupos armados por el control de rutas estratégicas y de actividades ilícitas en la región.
Ante la magnitud de los ataques, el gobierno colombiano ha reforzado la presencia militar en las zonas afectadas. El presidente Petro se trasladó a Cali, donde encabezó reuniones con altos mandos militares y funcionarios de ministerios estratégicos. Aunque se evaluó la posibilidad de declarar un estado de conmoción interior, esta medida fue descartada, optando en cambio por la creación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) destinado a coordinar la respuesta a la emergencia, atender a los heridos y asegurar los sectores críticos del sur del Valle del Cauca.
El mandatario también anunció que se declararán como organizaciones terroristas a las disidencias de las FARC leales a Néstor Gregorio Vera, conocidas como la Segunda Marquetalia, y al Clan del Golfo, el mayor cártel de drogas del país. Esta decisión busca dar un marco legal más sólido para enfrentar a estas estructuras criminales y fortalecer la capacidad del Estado para desmantelarlas.
El ataque ha generado un debate intenso sobre la política de seguridad del gobierno. Sus críticos argumentan que la postura conciliadora hacia los grupos armados ha incentivado este repunte de violencia, aunque expertos señalan que los hechos son el resultado de dinámicas internas de las disidencias y la fragmentación de estructuras que han mantenido control territorial desde hace años. La preocupación no solo es local: a principios de agosto, Colombia vivió el funeral del candidato presidencial conservador Miguel Uribe, asesinado en un acto de campaña, recordando a la sociedad la persistencia de la violencia política.
La comunidad internacional ha expresado su condena por los ataques. Organismos de derechos humanos y embajadas extranjeras instan al gobierno colombiano a fortalecer los mecanismos de prevención y seguridad en regiones afectadas por la presencia de grupos armados. Al mismo tiempo, la población civil sigue recuperándose del impacto, con familias desplazadas temporalmente y comunidades que enfrentan daños materiales considerables.
Los expertos en seguridad destacan que los ataques del jueves muestran un cambio en la estrategia de las disidencias: la combinación de explosivos y tecnología como drones para derribar aeronaves revela un nivel de sofisticación preocupante. Aunque la violencia no alcanza los niveles de los años 1980 y 1990, cuando los cárteles y la guerrilla mantenían un control territorial más amplio y cometían asesinatos sistemáticos, los recientes sucesos obligan a repensar las estrategias de inteligencia y prevención.
En Cali, los daños estructurales a viviendas y edificios han dejado a varias familias sin hogar temporalmente, mientras que en Antioquia la muerte de 13 agentes afecta profundamente la moral de la policía local. La coordinación entre fuerzas militares, policía y autoridades civiles se ha intensificado, pero los ciudadanos demandan respuestas rápidas y efectivas ante la amenaza latente de nuevas acciones armadas.
La Fiscalía colombiana continúa recopilando evidencia y analizando las conexiones entre las diferentes estructuras de las disidencias de las FARC. La detención de alias Sebastián, vinculado a la activación de los explosivos en Cali, es apenas un primer paso en una investigación que podría revelar nuevas redes de coordinación y financiamiento de estas acciones. Asimismo, se busca esclarecer si los ataques son producto de rivalidades internas entre facciones o de un esfuerzo deliberado por desafiar al Estado colombiano.
En este contexto, la violencia no solo tiene un efecto inmediato sobre las víctimas y la infraestructura; también afecta la percepción de seguridad, la inversión y la confianza en las instituciones. Economistas y analistas políticos señalan que la escalada armada podría tener repercusiones en la estabilidad regional, el turismo y la actividad económica en departamentos como Valle del Cauca y Antioquia, históricamente afectados por la presencia de grupos armados.
El doble ataque del jueves pone de relieve la complejidad de la seguridad en Colombia. La fragmentación de las disidencias, su capacidad para ejecutar operaciones simultáneas y su uso de tecnología avanzada presentan desafíos inéditos para las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, la sociedad civil, marcada por la experiencia de décadas de violencia, enfrenta nuevamente un clima de incertidumbre y temor, esperando que las acciones del gobierno y las instituciones logren restaurar la tranquilidad y prevenir futuros ataques.
En conclusión, los ataques en Cali y Amalfi representan un recordatorio de que, a pesar de los avances en el posconflicto, las disidencias de las FARC, los cárteles y otros grupos armados continúan ejerciendo influencia en ciertas regiones de Colombia. La respuesta del gobierno, que incluye fortalecimiento militar, investigaciones judiciales y la designación de organizaciones terroristas, busca contener esta amenaza, pero el país enfrenta un periodo crítico en el que la seguridad, la política y la sociedad están estrechamente entrelazadas.
