Al menos 19 personas murieron y más de 70 resultaron gravemente heridas en los ataques atribuidos a diferentes facciones disidentes de la antigua guerrilla de las Farc, tal como se conoció en el último informe emitido por las autoridades competentes.
Ante esta mortífera acción delictiva que ha conmovido e indignado al pueblo colombiano, el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció que decretará la conmoción interior, durante 90 días, mientras se restablece el orden público en la zona que fue escenario de los acontecimientos a los que hoy hacemos referencia.
Entre tanto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el ofrecimiento de una recompensa por el monto 200 millones de pesos a cambio de una información fidedigna que permita esclarecer lo relacionado con los autores materiales e intelectuales del atentado terrorista al que hoy hacemos referencia.
De acuerdo con el jefe de Estado, «la acción contra este tipo de agrupaciones que se han mal llamado disidencias, porque en realidad son bandas del narcotráfico actual, coordinadas internacionalmente, como se ha informado, conjuntamente con otras agrupaciones en el país, de mafias mexicanas, albanesas, italianas, ocho de cuyos capos se han capturado en territorio colombiano”.
Esto establece –según el Presidente Petro– que estamos enfrentando una mafia internacional, con bandas armadas aquí; no es una confrontación política, porque usa la debilidad social de la región, falta de acceso a las tierras, conflictos interétnicos, un campesinado que no tiene otros recursos en muchas zonas del teatro de los acontecimientos ocurridos recientemente.
Ante la gravedad de los últimos acontecimientos el presidente Petro anunció su petición a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, como también a la Corte Penal Internacional en el sentido que inicien los correspondientes procesos contra los dirigentes de las disidencias de la denominada Segunda Marquetalia como también a Iván Mordisco y los del Clan del Golfo, por delitos catalogados como de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Colombia, durante su mandato iniciado el 7 de agosto de 2022.
