Más de 40 Juntas de Acción Comunal denuncian que Planeación Distrital se niega a otorgar permisos para ejecutar obras menores financiadas con más de $1.300 millones.
Mientras la Gobernación del Magdalena avanza en el impulso del poder popular con recursos directos a las comunidades, la Alcaldía de Santa Marta se convierte en el principal obstáculo para el desarrollo local. Más de 40 Juntas de Acción Comunal (JAC) denuncian que la Planeación Distrital se ha negado sistemáticamente a otorgar los permisos de intervención necesarios para ejecutar las obras menores financiadas por el departamento.
La situación es crítica: cada JAC tiene asignados 60 millones de pesos para proyectos vitales como la construcción de placa huellas, pavimentación de tramos viales y adecuación de escenarios deportivos y recreativos. Sin embargo, la falta de trámites por parte de la administración distrital mantiene estos recursos congelados, afectando directamente la calidad de vida de miles de samarios.
Líderes comunales anunciaron que tomarán pacíficamente las instalaciones de la entidad distrital para exigir una solución inmediata.

El problema no es aislado. Recientemente, la secretaria de planeación Distrital, Patricia Lucía Caicedo Lafaurie, también se negó a entregar los certificados de viabilidad distrital para el proyecto de mejoramiento de la vía terciaria entre El Curval y la Ye de La Lisa, otra obra respaldada con recursos departamentales que hoy permanece estancada.
La paradoja es evidente: mientras el gobierno departamental impulsa más de 23 proyectos comunitarios con una inversión superior a $1.380 millones, la Alcaldía de Santa Marta se dedica a torpedear la gestión ciudadana, convirtiéndose en un freno para el desarrollo barrial y rural.
Las comunidades, cansadas de la indiferencia distrital, advierten que la negativa de permisos solo genera atraso social y la pérdida de confianza en una administración que, lejos de acompañar a la gente, la deja atrapada en la tramitomanía.
Y.A.