Dos atentados ocurridos en las últimas horas en Cali y en el municipio antioqueño de Amalfi dejaron un balance de 20 personas muertas y más de 80 heridas, lo que ha generado cuestionamientos sobre las políticas de seguridad y la estrategia de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro.
En Amalfi, un helicóptero de la Policía Antinarcóticos fue derribado presuntamente mediante el uso de un dron, causando la muerte de trece uniformados, entre ellos el capitán Francisco Javier Merchán, piloto de la aeronave. Cuatro policías más resultaron heridos en el ataque.
En paralelo, en Cali, un camión bomba explotó en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, dejando siete víctimas mortales y 79 heridos, de los cuales 37 ya recibieron el alta médica.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, pidió al jefe de Estado no poner en riesgo la seguridad de los colombianos en su propósito de alcanzar acuerdos de paz con grupos armados ilegales. “La paz es necesaria, pero no puede alcanzarse a costa de la seguridad nacional”, señaló.
El propio presidente Petro atribuyó los hechos a disidencias de las FARC involucradas en narcotráfico y descartó declarar la conmoción interior. En su lugar, anunció nuevas medidas para frenar la producción y exportación de cocaína en la zona del Pacífico.
Las críticas a la estrategia del gobierno se multiplicaron. El senador Ariel Ávila afirmó que tanto la política de paz como la de seguridad atraviesan una crisis, mientras que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras alertó sobre el aumento de la violencia y advirtió que esta podría mantenerse hasta el final del actual mandato en 2026.
Entre tanto, el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, aseguró que se mantendrán las operaciones ofensivas para desmantelar estructuras criminales como las disidencias, el Clan del Golfo y otras redes del narcotráfico responsables de los atentados.
