Mientras sectores del uribismo y el liberalismo advierten que la iniciativa generaría más violencia e impunidad, el Pacto Histórico defiende el marco jurídico como herramienta para avanzar en la paz total y el sometimiento de grupos armados.
El Congreso de la República se prepara para debatir el proyecto de sometimiento a la justicia presentado por el Gobierno Nacional, que hace parte de los nuevos estatutos de la paz total. La iniciativa, que ya cuenta con ponentes designados, iniciará con audiencias públicas en Tumaco, Medellín y Bogotá, antes de su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Las posiciones políticas frente al proyecto reflejan una profunda división. Desde el Centro Democrático, el representante José Jaime Uscátegui fue tajante: “La ley de sometimiento del gobierno Petro no tiene ningún futuro en el Congreso. Cómo siguen pidiendo beneficios y gabelas para criminales mientras están acribillando, masacrando al pueblo colombiano, que más bien se pongan al frente del Estado de Derecho y lleven a los responsables de los graves crímenes ante la justicia colombiana y la justicia del exterior”.
Por su parte, el Partido Liberal también expresó reservas. El representante Carlos Felipe Quintero aseguró que existen reparos puntuales, especialmente frente a las rebajas de penas contempladas: “Estamos a la espera que agende la mesa directiva de Comisión Primera para surtir la discusión del proyecto. Tenemos varias observaciones porque vemos que hay unas cosas que no estamos de acuerdo. Creo que el tema de rebaja de penas a estos delincuentes es lo que ha resultado en más violencia, más impunidad”.
En contraste, el Pacto Histórico defiende la propuesta como una herramienta necesaria para avanzar en los procesos de diálogo con grupos armados. El congresista Alirio Uribe, coordinador ponente del proyecto, destacó: “Es importante entonces que haya unas reglas para juzgar a estos actores armados ilegales y personas involucradas en estos delitos. Por lo tanto, nosotros esperamos que el Congreso le dé una salida a este marco jurídico para avanzar en esos procesos y para que otros grupos eventualmente se sometan”.
El cronograma contempla tres audiencias públicas previas: la primera el lunes 25 de agosto en Tumaco, la segunda el jueves 28 de agosto en Medellín y la tercera el lunes 1 de septiembre en Bogotá. Tras estas jornadas, la iniciativa será sometida a su primer debate formal en la Comisión Primera de la Cámara.
De este primer pulso político dependerá si la propuesta logra abrirse camino en un Congreso dividido, donde la discusión entre justicia, beneficios penales y la promesa de paz total marcará la agenda legislativa de las próximas semanas.
Y.A.
