Un documento judicial reveló que la Fiscalía General habría pasado por alto advertencias sobre un plan para asesinar al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, crimen ocurrido el 8 de junio en Bogotá. La omisión avivó las críticas por fallas en la seguridad y la protección estatal.
La reciente publicación de Semana encendió un escándalo político y judicial al revelar que la Fiscalía General de la Nación habría ignorado dos advertencias sobre un plan para asesinar al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue atacado y murió el pasado 8 de junio en Bogotá.
La primera alerta fue enviada el 26 de mayo de 2025 desde la cárcel de Itagüí (Antioquia) por un recluso de alto perfil, que detalló un plan para atentar contra varios dirigentes de la derecha colombiana, entre ellos Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Federico Gutiérrez, Claudia Carrasquilla, Jota Pe Hernández y Abelardo de la Espriella.
El reporte advertía de un financiamiento cercano a los 8 millones de dólares, presuntamente aportados por disidencias de las Farc y las Guerrillas del Pacífico. Sin embargo, la información nunca habría sido compartida con la Policía Nacional ni con los encargados de la protección del senador.
Una segunda advertencia, enviada el 3 de junio desde Montería, tampoco fue atendida, y cinco días después se perpetró el ataque en la capital. La concejala Claudia Carrasquilla, incluida en la lista de objetivos, denunció la omisión como “una negligencia gravísima que logró cobrar la vida de nuestro senador” y pidió la renuncia de la directora seccional de fiscalías en Medellín, Esperanza Amaya Pascuas.
La Fiscalía negó haber recibido dicha alerta, aunque admitió que sí existían amenazas contra Álvaro Uribe Vélez, por lo que se activaron protocolos militares en su momento.
Pese a ello, la administración distrital de Bogotá insiste en que el informe con los nombres de los amenazados estuvo en un despacho de crimen organizado sin que se adoptaran medidas.
Tras el magnicidio, las investigaciones revelaron fallas graves en el esquema de seguridad. Según el abogado de la familia de Uribe, Víctor Mosquera, se hicieron al menos veinte solicitudes de refuerzo a la Unidad Nacional de Protección (UNP), todas rechazadas por su director, Augusto Rodríguez, quien más tarde reconoció que “siete personas de protección y dos vehículos blindados no son suficientes para una persona precandidata presidencial”.
El presidente Gustavo Petro también señaló irregularidades al denunciar que el día del ataque hubo una reducción inexplicable de escoltas, pasando de siete a tres, y pidió una investigación exhaustiva.
Mientras tanto, la Fiscalía y la Policía Nacional avanzan en el proceso judicial. Hasta ahora, seis personas han sido capturadas, incluido Élder José Arteaga, alias El Costeño, señalado como enlace entre los autores materiales e intelectuales.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, afirmó que “el autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio contra el senador Miguel Uribe ya responden ante la justicia”.
El futuro del caso sigue abierto y marcado por un debate nacional: ¿hubo negligencia institucional en la protección de un dirigente político amenazado? La respuesta podría definir responsabilidades tanto en la Fiscalía como en la UNP y dejar precedentes sobre la seguridad de líderes políticos en Colombia.
Y.A.
